Ayer prosiguió la audiencia de candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la exposición de postulantes como la reciente interventora de Ciudad del Este, María Carolina Llanes, quien manifestó que la máxima instancia judicial debe someterse a la Contraloría General de la República (CGR) como cualquier otro ente público.
“Yo creo que es importante rescatar el control externo que realiza la Contraloría, y la Corte Suprema debe someterse como cualquier otra institución de la República. Yo no estoy de acuerdo con tergiversar sus atribuciones y direccionarlas hacia los tribunales de cuentas, que, conforme al artículo 30 del Código de Organización Judicial, tienen funciones exclusivas en cuanto a lo contencioso administrativo y nada más”, dijo.
La candidata habló de este tema al responder respecto a la corrupción en el sistema de justicia y los elementos de control con que se cuentan, donde señaló los elementos internos que posee la propia Corte, y a la Contraloría como un elemento externo importante que no está pudiendo ejercer su función por las acciones de la Corte y otros organismos que no desean ser auditados.
Llanes habló también sobre la necesidad de democratizar el Poder Judicial.
CRISIS. Por su parte, el candidato Mario Ygnacio Maidana Griffith habló de una crisis en el Poder Judicial con resoluciones contradictorias y fuera de los plazos procesales, con problemas como los sobornos, el amiguismo y la influencia de grupos de poder.
“Hay una falta de liderazgo en los ministros de la Corte Suprema de Justicia para contribuir en la seguridad jurídica y la protección de los valores, principios y garantías constitucionales. Por esa razón las partes en su generalidad recurren al soborno, a la amistad o a grupos de poderes. Es inadmisible que la Corte hoy no cuente con un centro de recepción de las resoluciones, en forma inmediata, de todos los juzgados de la República”, cuestionó.
También participaron los candidatos Linneo Ynsfrán, hijo del ex ministro del Interior del stronismo Édgar L. Ynsfrán, y Agustín Lovera Cañete, quien fuera electo ministro por el Senado, pero rechazado por el entonces presidente Fernando Lugo.
Manifestaron que la morosidad es el tema más urticante para erradicar sobre todo en los juzgados de paz. Se cuestionó la falta de independencia del Poder Judicial y las injerencias políticas en el actual manejo.
Por otro lado, expresaron que hoy lo administrativo supera a la justicia y afecta la libertad de las personas. La ley se aplica con rigor para algunos y con tibieza para otros. Estamos frente a una justicia no creíble.
Indicaron que por la burocracia administrativa en la Justicia, la población carcelaria se cuadruplicó, ya que un gran número de presos no tienen sentencias y viven en un hacinamiento perjudicial, teniendo en cuenta el factor humano.