Por Patricia Vargas Quiroz
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Los miembros del Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSCSJ), Luis María Benítez, Miguel Óscar Bajac y Antonio Fretes, no tienen el mismo trato judicial con el juez Manuel Trinidad Colmán, tal como lo tuvieron con los 8 jueces de Alto Paraná suspendidos por haber liberado, a través de medidas cautelares, perfumes y cosméticos sin registro sanitario, tal como lo hizo también este magistrado (Trinidad).
Los jueces sancionados fueron suspendidos luego de una semana de presentarse las denuncias.
El caso Trinidad está en un “tira y afloja” desde mayo de 2010. A pesar de que cometió las mismas irregularidades que sus ocho colegas, no fue llevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y mucho menos suspendido.
Trinidad fue denunciado por el abogado de la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco), Hugo Camé, según obra en la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, por haber liberado un cargamento valuado en G. 3.500 millones a favor de la empresa Vargos SA.
A finales de 2010, dicha auditoría recomendó el archivamiento del caso, pero dejó constancia de que en un futuro este tipo de acciones judiciales podría crear situaciones irregulares, refiriéndose a la actuación de Trinidad.
SUGERENCIA. Ante esta situación, el 23 de marzo de 2011, la Superintendencia General de Justicia (SGJ) sugirió al Consejo de Superintendencia ratificar el archivo del caso Trinidad, tal como lo hizo la Auditoría de Gestión respecto a la parte administrativa.
No obstante, la SGJ recomendó enviar el caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en lo que se refiere al tipo de responsabilidad judicial.
Sin embargo, recién el lunes el Consejo de la Superintendencia envió el documento al pleno de la máxima instancia para estudiarlo recién allí.
La Corte sesionó ayer y no hizo referencia al tema Trinidad, tal como lo hizo la semana pasada con los ocho jueces de Alto Paraná que fueron enviados al JEM por conceder amparos y medidas de urgencia.
Tras la denuncia, el caso de estos jueces no tardó más de una semana para que fueran suspendidos.
MODUS OPERANDI. Al igual que el resto de los jueces suspendidos, Trinidad rechazó el amparo, pero para cuando eso los productos ingresaron al país y ya no podían ser recuperados.
Incluso, la Auditoría de Gestión dejó constancia, en su informe, de que el magistrado no levantó la medida cautelar por la cual permitió el ingreso de la mercadería.
SUSPENDIDOS. Cabe mencionar que el máximo Tribunal suspendió a los jueces de Alto Paraná: Sergio Rodríguez, Ana María Arréllaga, Daniel Colmán, Manuel Saifildin Stanley, César Nider Centurión, Raúl Insaurralde, Wilfrido Velázquez y Cantalicio Ávalos.
Los ocho están actualmente investigados por el Jurado de Enjuiciamiento, que pidió justamente a la Corte la suspensión de cinco de ellos, pero la máxima instancia judicial decidió suspender a todos los procesados, es decir a los 8.
ARTÍCULO 259. Los altos magistrados utilizaron el artículo 259 inciso 7 de la Constitución Nacional, que les da la atribución de “suspender preventivamente, de por sí o a pedido del JEM, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso”.
“ESTÁ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CORTE”
Geraldine Cajes, secretaria general del Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSCSJ), señaló que el caso del juez Manuel Trinidad Colmán está a consideración del pleno y que será tratado el próximo martes en la plenaria.
Indicó que es muy ambiguo el dictamen que se tiene respecto a Trinidad, y por ello se estudiará el caso en el pleno, para archivarlo o enviarlo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al igual que el resto de sus colegas que cometieron las mismas irregularidades que él y que ahora están suspendidos en sus funciones.
Al ser consultada sobre el motivo por el cual la suspensión de los jueces de Alto Paraná se realizó sin dar muchas vueltas, en comparación con el caso Trinidad, indicó que el caso de los ocho jueces se tramitó rápidamente porque no fue tratado por el CSCSJ, ya que la máxima instancia envió directamente los casos al Jurado.
“La ministra de Salud llevó las denuncias en contra de los jueces directamente al pleno de la Corte”, aclaró.