Raúl Ramírez Bogado
@raulramirezPY
El ministro Eugenio Jiménez Rolón dice que la Corte está facultada constitucionalmente para revisar actos de otros poderes del Estado, pero hasta cierto punto, ya que solo es sobre violación del debido proceso o el derecho a la defensa.
–¿Cómo ve la respuesta dada por la Justicia a los cuestionamientos de la ciudadanía, en especial la mora?
–Bueno, veo la constante preocupación y lucha de los ministros de la Corte por obtener un mejoramiento en sus respectivos ámbitos, no solo en la capital, sino también en el interior. Hay que considerar que cada vez aumenta más el número de expedientes y creo que ese hecho de que la gente cada vez recurra más al Poder Judicial en el fondo también significa que hay confianza que haya alguna garantía. Sabemos que hubo épocas pasadas en las que había gente que decía que no iba a recurrir al Poder Judicial porque no tenía los medios o las vías como para obtener un resultado favorable, por considerarse que era vulnerable respecto de quién podría ser su contraparte. Creo que eso está desapareciendo y la mejor prueba es la inmensa cantidad de expedientes que hay en los despachos de los jueces de todo el país.
-¿Y qué hacen entonces?
–Lo que hacemos es comisionar sin perjuicio de funciones a magistrados que no tienen tanta carga de expedientes para que colaboren en los sectores con mucho trabajo y poca infraestructura. Porque ese es un problema muy grave que tenemos. La falta de infraestructura, de personal también. Tenemos muchas limitaciones. Ahora, con el ministro Martínez Simón, vamos a organizar un curso, pero para los funcionarios que integran la secretaría de cada juzgado. Porque muchas veces sucede que, por falta de conocimiento del personal intermedio, de capacitación, los procesos son más lentos.
–¿Para ese alto índice de litigios, no se ve otra salida, la mediación, por ejemplo?
–La Corte también trabaja en ese tema. Soy encargado de la Dirección de Mediación y cada vez tenemos más casos. Lo que sucede es que ir a mediación implica muchas veces un cambio de mentalidad de la gente. Porque cuando tenemos un litigio, lo primero que decimos es ‘Te voy a demandar’. Sin embargo, existen vías que no implican precisamente una demanda, sino que la posibilidad y una suerte de asesoría técnica para que las partes lleguen a un acuerdo. Es decir, que terminen en forma consensuada el litigio y con muchísimas ventajas, porque en la mayoría de los casos tienen muchas incidencias en la parte familiar, violencia doméstica, incumplimiento de asistencia alimentaria. Se llegan a acuerdos en mediación en una sola audiencia. Hay que distinguir la mediación en el sector privado, de la del sector público. Porque por lo que concierne al Poder Judicial, cada vez tenemos más casos. También tropezamos con limitaciones presupuestarias. Además, para aquellas personas vulnerables, la Corte estableció un sistema de mediación móvil que va donde hay gente que no puede llegar a lugares de mediación. Empezamos en Concepción, en Vallemí, y se está ampliando.
–¿Y los facilitadores?
–Además, está el sistema de facilitadores, que también estoy a cargo. Es también una alternativa de solución de conflictos de mucha eficacia, porque son líderes comunitarios designados por el respeto que les tienen. Entonces, quienes están en situaciones de estos pequeños pleitos –que es una forma de decir, porque para cada uno su pleito es lo más importante–, tienen forma de solucionarlos. Los facilitadores son capacitados por la Corte y se encargan de encontrar la solución. Eso también es una forma de colaborar con que no haya tantos casos jurisdiccionales. Es decir, la Corte trabaja también en sistemas alternativos de solución.
–Usted encabezó un proyecto para que los abogados rindan examen para la matrícula, ¿cómo va eso?
–Bueno, eso se inició porque me encargaron organizar el examen de otorgamiento de registro de escribano. Hicimos un examen muy exigente y tuvimos la satisfacción de que la única queja que hubo era que el examen era exigente. Eso propició que en el siguiente examen la gente se preparó mucho más y otorgamos más registros. Entonces, me planteé yo por qué ser tan exigentes con los escribanos y no con los abogados. Porque la verdad es que nos llegan casos en los que con la sola presentación de la demanda, ya está perdido el pleito. Ni siquiera hace falta contestarla por haber sido tan mal planteada. Indudablemente estamos viviendo una época de un bajón a nivel universitario en la formación de los estudiantes; donde las exigencias se han relajado y acceden al título de abogado gente que no está en condiciones de ejercer la profesión.
–La Corte los habilita.
–Como es la Corte la que habilita mediante el otorgamiento de matrículas, es una responsabilidad muy grande habilitar gente que no está capacitada. Es por eso que planteé hace ya un buen tiempo en el pleno la posibilidad de modificar el Código de Organización Judicial para que la Corte expida las matrículas, pero para los que han aprobado un examen que tiene no tanto carácter sustancial, sino fundamentalmente práctico. Tuve el apoyo inmediato del ministro Martínez Simón y, por ese consenso con los colegas, hicimos un proyecto de ley que se sometió a consideración de los ministros. A fines del año pasado, en la presidencia del doctor César Diesel, se aprobó, por lo que lo único que resta es remitir al Congreso haciendo uso de la iniciativa legislativa de la Corte. Lo vamos a presentar en cualquier momento.
–Hace poco tuvo un intercambio de opiniones con el ministro Ríos sobre la suspensión de magistrados. ¿Usted entiende que es constitucional esa suspensión sin goce de salario?
–Entiendo que sí es constitucional. La cuestión está en que nos encontramos con casos muy graves y si la Corte no da una imagen de tomar medidas que son ejemplares, creo que va a ser muy difícil de superar esa situación. De manera que, a pesar de que se ha dicho en algún caso la Corte toma las medidas un poco apresuradas, no es así. Cuando uno de los ministros nos hace saber de una irregularidad que haya ocurrido en su circunscripción, nos proveen de las copias de los expedientes y cuando se comprueba que existe algo irregular y es muy grave, ahí se toman las medidas. Quiero destacar que son medidas que tomamos hasta con tristeza, con pesar. Porque no es nuestro interés sancionar. Pero si es que los magistrados se apartan ostensible del ordenamiento legal no tenemos otra alternativa.
–¿Cómo ve el rol del Poder Judicial en dirimir caso políticos que siempre terminan aquí? El tema de los senadores por ejemplo.
–Es un rol constitucional que tiene que ser ejercido dentro del marco de la Constitución. El artículo tercero de la Ley Suprema hace referencia a que los poderes del Estado son independientes y que deben actuar en coordinación. Entonces, dentro de ese contexto, el Poder Judicial está facultado constitucionalmente para la revisión de ciertos actos, pero hasta cierto punto solamente, en cuanto concierne a si existe o no una violación del debido proceso o del derecho a la defensa, porque finalmente la decisión de fondo es una decisión que compete pura y exclusivamente al Poder Legislativo y en eso el Poder Judicial no puede meterse.
–¿Siente algún tipo de presión en estos casos?
–Para serte sincero, yo no. No he tenido ningún indicio de algo que me pueda hacer sentir presionado.
