La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó ayer al Estado paraguayo por la destitución de los ex ministros de la Corte Suprema de Justicia Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, en el año 2003.
“Paraguay es el responsable internacionalmente por violar la independencia judicial al haber destituido de forma arbitraria a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003”, señala la sentencia dada a conocer ayer.
Agrega que los cargos formulados contra Ríos Ávalos y Fernández Gadea en el trámite del juicio político, con base en los cuales la Cámara de Senadores decidió su destitución, se basaron en decisiones dictadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
“En tal sentido, se configuró una seria afectación a la independencia judicial, en tanto fueron irrespetadas las garantías de estabilidad y de protección frente a las presiones externas que amparan la función de las juezas y los jueces, y que es deber del Estado salvaguardar”, señala.
Expresa además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que en el trámite y la decisión del juicio político al que fueron sometidos los dos ex ministros de la Corte, no fueron observadas las garantías del debido proceso, y que no se cumplió la exigencia de imparcialidad de la autoridad a cargo del procedimiento, en tanto quienes integraban la Cámara de Senadores tenían una posición tomada de antemano.
INDEMNIZACIÓN. La CIDH dispuso el pago de USD 605.000 para Ríos Ávalos y USD 295.000 para los herederos de Fernández Gadea, a ser abonados en el plazo de un año. Todo como indemnizaciones para los citados ex magistrados.
Estableció además que en un plazo de seis meses, se deberá publicar el resumen oficial del fallo en el diario oficial, y la sentencia íntegra debe estar disponible en los sitios webs del Poder Legislativo y del Judicial.
Además, se deberá regularizar las jubilaciones de ambos ex ministros desde el momento de su destitución en el 2003 hasta la fecha, con todas las prestaciones salariares y beneficios jubilatorios.