La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves rechazar “in límine” la acción de inconstitucionalidad presentada por Efraín Alegre, por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, contra las medidas alternativas a la prisión.
Los ministros que firmaron el rechazo son Antonio Fretes, César Diésel y Alberto Martínez Simón, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez. Martínez Simón fue el integrante de la sala que votó en disidencia.
El 2 de febrero pasado, por medio de una nota, el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, emitió un pedido de urgimiento a la Corte Suprema de Justicia para que esta resuelva la acción de inconstitucionalidad contra las medidas alternativas a la prisión, a la que fue sometido antes de decretarse su prisión preventiva.
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El político liberal actualmente se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, tras una disposición emanada por la jueza Cinthia Lovera, quien argumentó que el procesado no cumplió con las medidas alternativas.
En ese sentido, el titular del PLRA solicitó a la máxima instancia judicial la medida de urgencia de suspender la resolución dictada por la magistrada, al igual que otras resoluciones que se emitieron en el marco de la causa que enfrenta.
Con esta resolución, la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial sostiene que el político liberal tiene otras vías judiciales para recurrir su prisión preventiva.
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Alegre es investigado en el caso de supuestas facturas falsas que fueron presentadas en la rendición de cuentas de su campaña por la presidencia de la República, en las elecciones 2018, donde perdió por poco margen contra el actual presidente, Mario Abdo Benítez.
El Ministerio Público sostiene que Efraín Alegre habría presentado la factura falsa por G. 98 millones ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral como rendición de cuentas de su campaña electoral.
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Efraín Alegre está imputado por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción y uso de documentos públicos de contenido falso.