Con esta medida, dicha firma puede importar alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos sin la necesidad de contar con registro sanitario. César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander fueron los que firmaron la acción de inconstitucionalidad planteada.
Han pasado poco más de siete meses desde entonces y a pesar del riesgo a la salud que representa dicha medida, la CSJ sigue sin emitir una resolución definitiva sobre el caso. Ni siquiera resolvió el pedido de levantamiento de la medida cautelar.
CIP. Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), señaló que existen entre siete y ocho gremios preocupados por esta situación, ya que afecta a los importadores, entre ellos la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), la Unión Industrial del Paraguay (UIP), entre otros más.
“El Ejecutivo ha expresado su disconformidad, pero sigue la medida cautelar de la Corte. Más allá de las pérdidas económicas, lo grave es que es un riesgo sanitario enorme para la gente. Puede haber intoxicación por alimentos como ocurrió en distintas partes del mundo y además las empresas serias que hacen trazabilidad de sus productos probablemente dejen de enviarlos a Paraguay. Una multinacional que ve que sus productos pueden entrar sin ningún control sanitario y sin ninguna trazabilidad será igual responsable del daño que su producto pueda generar sin tener siquiera a quién hacer responsable y cómo manejar la cadena comercial. Esto, lejos de atraer nuevas inversiones, hará alejar las ya asentadas en el país”, comentó.
INAN. Elsi Ovelar, directora general del Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición (INAN), sostuvo a su vez que la medida cautelar es para importar y no para vender los productos.
“No sabemos en realidad las condiciones de ciertos productos que están siendo introducidos al país. No tenemos la certeza de cómo se produjeron. Nos habíamos reunido una vez con la Corte en abril y el pedido de Salud fue que ya emitan una definición del caso”, comentó.
De dicha reunión participaron los ministros de la Corte, César Diesel y Gustavo Santander. La promesa de estos fue que una vez que tuvieran una fundamentación de Salud sobre el porqué no debía prosperar la medida cautelar iban a expedirse en el caso. Cosa que hasta la fecha sigue sin producirse.
SALUD. Gustavo Irala, asesor jurídico del Ministerio de Salud, afirmó a ÚH que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP&BS), conjuntamente con la Procuraduría General de la República, (PGR) solicitó el levantamiento de la suspensión de los efectos de algunos artículos del Código Sanitario y de decretos y resoluciones que reglamentan dicho Código, que dispuso la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, se contestó el traslado de la acción de inconstitucionalidad solicitando su rechazo. Esto ocurrió en junio de este año, pero hasta la fecha, cuatro meses después, no recibieron la notificación sobre lo resuelto por la máxima instancia judicial.
PROCURADURÍA. Meses atrás, Marco Aurelio González, procurador general de la República, anunció que solicitó a la Corte levantar las medidas cautelares para evitar la importación de productos sin registro sanitario.
“Consideramos que es muy grave lo que está en riesgo. Está en juego la salud de la población, eso es lo que expusimos a la Corte. Son productos que pueden causar mucho daño, como cosméticos de uso cotidiano que están al alcance de los niños. Existen cuatro empresas que plantearon acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones del registro sanitario que determinan la supervisión y la capacidad de control que tienen Salud y Dinavisa sobre la circulación de productos”, señaló.
