La víspera, el tribunal, reestructurado por el ex presidente republicano Donald Trump, ya abolió la política de discriminación positiva en las universidades, uno de los logros de la lucha por los derechos civiles de los años 1960.
Las sentencias se adoptaron con los votos a favor de los seis jueces conservadores, en contra de la opinión de los tres progresistas, justo antes de que la Corte comience su pausa estival.
Hace un año el tribunal enterró el derecho federal al aborto, ratificó el derecho a portar armas y limitó los poderes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
Como el año pasado, los republicanos aplaudieron cada una de las decisiones y los demócratas se opusieron.
Biden dice estar “profundamente preocupado” por el riesgo de que la sentencia del viernes aumente la discriminación contra la comunidad LGBT+.
El alto tribunal dictaminó que empresas que atienden al público y desempeñan actividades creativas pueden invocar la libertad de expresión para negarse a prestar un servicio contrario a sus valores.
Lo hizo en respuesta a Lorie Smith, una diseñadora gráfica que se describe como una cristiana devota y se niega a crear páginas web para parejas homosexuales. Acudió a la corte en protesta contra una ley de Colorado (oeste) que prohíbe la discriminación por orientación sexual so pena de sanciones de hasta USD 500.
La Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, implica que en Estados Unidos “la gente es libre de pensar y expresar lo que quiera, no lo que el gobierno le diga”, escribe el magistrado Neil Gorsuch.
La jueza Sonia Sotomayor lo contradijo en nombre de los progresistas. “El tribunal, por primera vez en su historia, concedió a un negocio abierto al público el derecho constitucional de negar el servicio” a clientes protegidos por leyes antidiscriminación, escribió.
Esta sentencia es la culminación de una batalla legal de la derecha religiosa desde que la Corte Suprema legalizó en 2015 el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En un video, la diseñadora gráfica reaccionó diciendo que “el gobierno nunca debería obligar a nadie a decir cosas que no quiere decir”.
La decisión “estigmatizará a las familias LGBT+", lamentó Sarah Kate Ellis, presidenta de la asociación GLAAD, que defiende a esta comunidad.
En 2018, la Corte Suprema ya dio la razón a un pastelero cristiano que se negó a preparar una tarta de boda para una pareja gay. Pero entonces se basó en motivos técnicos, sin llegar a promulgar principios generales.
Biden se llevó otro gran batacazo sobre la deuda estudiantil.
La Corte Suprema dictaminó que su gobierno se había extralimitado en sus competencias al adoptar un programa sin la autorización del Congreso.
Esto priva a Biden de una medida esencial de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que espera ser reelegido con el apoyo de la clase media y los más desfavorecidos.
El presidente reconoció estar decepcionado pero anunció inmediatamente que persistirá con un nuevo plan “para aliviar la deuda estudiantil a tantos prestatarios como sea posible lo más rápido posible”.
En Estados Unidos la enseñanza superior es muy cara y casi 43 millones de personas piden préstamos estudiantiles federales por un total de USD 1,630 billones.
Al comienzo de la pandemia, el gobierno de Trump congeló el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que le permite “aliviar” a los titulares de deudas estudiantiles en caso de “emergencia nacional”. Esta medida expira el 31 de agosto.
Anticipándose a este plazo, Biden anunció en agosto pasado su intención de anular 10.000 dólares de las deudas de los prestatarios que ganaran menos de 125.000 dólares al año y USD 20.000 de antiguos beneficiarios de becas.
Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca, con un costo superior a USD 400.000 millones.
Los tribunales bloquearon la aplicación de este plan por denuncias de una coalición de estados republicanos y de dos estudiantes que no podían acogerse a la condonación.
Acusaban al gobierno de usar el dinero de los contribuyentes sin la aprobación del Congreso y estimaban que la ley de 2003 cubre la congelación de la deuda y no su cancelación.
“Estamos de acuerdo con ellos”, escribió el juez John Roberts en nombre de la mayoría.
La magistrada progresista Elena Kagan disiente porque “el tribunal sustituye al Congreso y al Poder Ejecutivo en la formulación de la política nacional de condonación de préstamos estudiantiles”.
Biden anunció que el nuevo plan se apoyará en otro texto, la ley de la enseñanza superior de 1965.
