“Si la Sala Constitucional considera que se dan los requisitos, se le puede otorgar medidas cautelares”, explicó el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, ante la radio Chaco Boreal 1330 AM, con respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora destituida Kattya González.
Ríos señaló que en principio es la Sala Constitucional, que integra con los ministros Gustavo Santander y César Diesel, la que tiene la misión de controlar el cumplimiento de garantías constitucionales y en este caso específico este miércoles se reunión y probablemente ya la otra semana realicen el sorteo para tener al preopinante.
“Esto significa que alguien tiene que elaborar un borrador de votos y ese borrador se pone a consideración de los otros dos y si estamos todos de acuerdo sale por unanimidad o si alguien quiere plantear otra alternativa también tendrá su paso para plantear su proyecto de voto”, explicó sobre el proceso.
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Asimismo, aclaró que hay una etapa en la que cualquiera de los ministros puede pedir que el caso sea estudiado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por los nueve ministros.
En ese sentido, aclaró que no hace falta justificar el pedido de ampliación de sala, pero pocas veces se suele dar y es normalmente en casos de trascendencia social donde se solicita que sea tratado y resuelto por el pleno.
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De igual manera, manifestó que no sabe cuál va a ser la postura de la Sala Constitucional, porque es la primera vez que van a abocarse a un estudio como este con la actual composición de integrantes.
La CSJ tiene a Luis María Benítez Riera como presidente, Gustavo Santander como vicepresidente primero y Alberto Martínez Simón como vicepresidente segundo, además de los integrantes César Manuel Diesel, María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, César Antonio Garay Zuccolillo, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Víctor Ríos.
La senadora Kattya González fue destituida de la Cámara de Senadores por el cartismo, junto con sus aliados liberales y ex integrantes de Cruzada Nacional. Con ajustados 23 votos, destituyeron a la legisladora, a menos de un año de haber empezado el periodo parlamentario.
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La decisión fue ampliamente cuestionada por diferentes sectores de la sociedad, atendiendo a que pisotearon el propio reglamento de la Cámara de Senadores que habían aprobado y propuesto el mismo grupo de senadores, donde se elevaba a 30 los votos necesarios para la destitución de un parlamentario.
Este jueves estaba convocada una sesión extraordinaria para intentar revertir la destitución de la legisladora, pero no contó con el cuórum requerido, atendiendo a que los legisladores independientes del Partido Colorado anunciaron que no se iban a presentar.
Durante la destitución, el mismo grupo se abstuvo de votar, en solidaridad con la legisladora, ya que no estaban a favor de la destitución.