03 oct. 2024

Corte suspende a juez de Paz de Puerto Pinasco tras reclamo de pobladores

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la sesión de este viernes, decidió suspender en el ejercicio de sus funciones y sin goce de sueldo al juez de Paz de Puerto Pinasco, además de remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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Los vecinos realizaron una asamblea para denunciar al juez de paz, quien fue suspendido en la fecha.

Foto: Alcides Manena.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este viernes suspender en el ejercicio de sus funciones y sin goce de sueldo al magistrado Rafael Leonardo Martínez, juez de Paz de Puerto Pinasco, Presidente Hayes, y remitir los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Los vecinos de Puerto Pinasco, acompañados por el intendente municipal Pedro Recalde y algunos concejales de la Comuna chaqueña, se manifestaron este jueves hartos de la serie de irregularidades e injusticias que se habrían cometido por el encargado judicial de la zona.

Una de las vecinas, identificada como Estela Ortellado, mencionó que se sintió agraviada, ya que en una ocasión el juez la citó a su oficina “debido a que le molestaban los animales domésticos”. Denunció que fue maltratada verbalmente y casi físicamente. Relató que, posteriormente, ordenó a la Policía que ejecute a un chancho de su propiedad.

Lea más: Pobladores y autoridades piden intervención del Juzgado de Paz

La decisión de la CSJ establece que el juez Lino Diosnel Carrillo Mieres, juez de Paz de Río Verde, interine el Juzgado de Paz de Puerto Pinasco, sin perjuicio de sus actuales funciones, hasta nueva disposición.

La decisión de la Corte da alivio a los habitantes de la localidad chaqueña, ya que desde hace tiempo vienen realizando diversas denuncias contra el juez de Paz. Al momento de la manifestación y vista de las autoridades, el juez no se encontraba en la dependencia judicial.

Además de las diversas denuncias de los pobladores, se suman otros casos de desvinculaciones de funcionarios anteriores sin justificativos. Las acusaciones en su contra ya fueron remitidas a la circunscripción judicial pertinente.

Jorgelina Aquino, de la etnia Angaité, mencionó que son discriminados por el magistrado. La mujer juró como facilitadora judicial. Sin embargo, contó que no le dan participación en la institución. Aseguró que el titular del Juzgado favorece a sus allegados.

Uno de los desvinculados es Hugo Rogelio Torres Garayo, quien se desempeñaba como secretario del Juzgado de Paz. El juez Martinez, sin importarle la antigüedad de 19 años, lo sacó del cargo. El mismo espera ser reincorporado en su puesto.

El único error de Torres Garayo como secretario habría sido atender los diversos casos que presentaban los vecinos en el Juzgado. Al igual que los pobladores, también presentó su denuncia.

Por su parte, Clara Denis sostuvo que el juez en cuestión dispuso que la echen del Juzgado tras reclamar atención, mientras que Miguel Ángel Oviedo también denunció que fueron humillados y echados de la oficina judicial.

Los pobladores de Pinasco y las autoridades de la ciudad esperan que el juez de Paz renuncie o sea destituido definitivamente y que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga lugar a las denuncias de los vecinos y ex funcionarios que resultaron ser víctimas. En caso contrario, el gremio de abogados local seguirá realizando protestas en su contra.

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