Un caso de evidente mora judicial de la propia Corte Suprema de Justicia le afectó al cura español Óscar Luis Martín López, de la congregación de los jesuitas, cuya naturalización tardó nada menos que 18 años en ser aceptada.
El sacerdote, nacido en Los Sauces, Tenerife, España, está en el país en forma permanente desde 1988. Solicitó a través de la abogada María Lovera, el 25 de setiembre del 2000, la carta de naturalización.
Señaló que cumplía con todos los requisitos para adoptar la nacionalidad paraguaya. Presentó los certificados de radicación y de vida y residencia, expedidos por Migraciones y la Policía Nacional.
Además, presentó también certificado de antecedentes policiales y judiciales y un informe de Interpol, donde se constata que no tenía antecedentes penales. Finalmente, rindió los exámenes de rigor.
Recién el 16 de marzo de 2009, a nueve años de presentar el pedido, el fiscal adjunto Diosnel Rodríguez, en su dictamen, señaló que estaban reunidos los requisitos para adoptar la nacionalidad paraguaya.
EL FALLO. A nueve años del dictamen fiscal, y 18 años de la solicitud realizada ante la Corte Suprema de Justicia, el 30 de abril del 2018, el pleno admitió el pedido realizado y otorgó la carta de naturalización al sacerdote jesuita.
Firmaron el fallo los ministros Luis María Benítez Riera, Miguel Óscar Bajac, Alicia Pucheta, Raúl Torres Kirmser, Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña, Sindulfo Blanco, César Garay y el camarista Carmelo Castiglioni, ante la inhibición del ministro Antonio Fretes.
Días atrás, finalmente, el sacerdote prestó el juramento de rigor en la Corte. Recién ahí le dieron la carta de naturalización respectiva, que le acredita como paraguayo naturalizado.
El pedido de naturalización tuvo que cumplir la mayoría de edad en la Corte para que finalmente le concedieran al religioso.
INTIMACIÓN. Coincidentemente, la Corte había intimado hace unas dos semanas a todos los jueces del país a remitir informes al pleno acerca de todos los expedientes que están en estado de sentencia o resolución.
Es más, incluso había dispuesto que los magistrados que mintieran en su informe o no lo enviaran iban a ser objeto de auditoría de gestión, a más de remitirse los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En el caso del sacerdote, la propia Corte Suprema tuvo una mora de 18 años para completar el trámite y admitir el pedido.
El juramento se realizó a inicios del mes, ante un ministro de la Corte, por parte del clérigo.