De los 10 legisladores del nuevo Congreso procesados por supuestos casos de corrupción, ocho están parados en la Corte Suprema y en el Tribunal de Apelación actualmente.
El máximo Tribunal tiene cuatro causas trabadas. Dos de ellas están en la Sala Penal: el proceso del ahora parlasuriano, Enzo Cardozo, que debe resolverse una recusación a camaristas, para destrabar el caso desde mayo del 2016; y la otra del diputado Tomás Rivas, donde estudia una recusación a camaristas.
En la Sala Constitucional, está el caso del senador Víctor Bogado, que atacó el fallo que designó al juez Óscar Delgado para la causa. También el proceso al parlasuriano Milciades Duré, donde pidió el expediente y no lo devuelve desde el 2016. Además, los jueces están recusados.
APELACIÓN. Cuatro son los juicios trabados en los tribunales de Apelación en lo Penal. En esa instancia están el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento que involucran a los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto.
Este proceso está trabado prácticamente desde la imputación en la feria de enero pasado. Hasta ahora, sigue sin definirse el juez.
Con respecto al diputado Carlos Portillo, existe una apelación pendiente en el Tribunal de Apelación, Primera Sala, según informaron en el Juzgado de Julián López. Este tema podría trabarse por los nuevos fueros
En el caso del nuevo diputado Teófilo Espínola, se debe definir qué juez hará la audiencia preliminar, hasta que vuelva el magistrado de la causa a fines de agosto.
JUZGADO. En esta instancia, el único caso que se halla en esta instancia es el del diputado Carlos Núñez Salinas, para quien se le fijó la audiencia preliminar para el próximo 23 de agosto por el juez Humberto Otazú. La causa podría trabarse si el legislador invoca sus nuevos fueros.
Con respecto al senador Enrique Salyn Buzarquis, la traba está en el Congreso, ya que primero debe ser desaforado para poder continuar con su causa. La jueza María Gricelda Caballero le había citado a preliminar a principios de julio, pero ya tenía fueros y la diligencia se suspendió.
Se tomaron en cuenta solo casos de los legisladores, no de todos los políticos, por lo que no aparecen Rafael Filizzola y Camilo Soares, cuyas causas también están trabadas en la Corte Suprema.