La suma de los montos presentados por la máxima instancia judicial superan los G. 500.000 millones, lo que al cambio actual (7.560) representa USD 66 millones.
El Poder Judicial se mantiene como una de las instituciones más cuestionadas con relación a las acciones presentadas que no se tratan con celeridad, y que incluso tardan años en resolverse.
Uno de ellos, a modo de ejemplo, tiene que ver con la acción presentada por la ex senadora Kattya González, que sigue sin respuesta.
A pesar de que los pedidos de aumentos no se incluyen en el orden del día, por más que en la mayoría de los casos tienen dictámenes de las comisiones asesoras, la Corte volvió a presentar otra nueva solicitud, días pasados.
El pedido más antiguo del Poder Judicial data del 2019 y es de más de G. 45.000 millones. A partir del 2021 surgieron nuevas solicitudes, y posteriormente, este año con diferentes montos.
Por docena. 24 son en total los pedidos de ampliaciones pendientes de tratamiento solo en la Cámara Alta.
Algunas de ellas fueran remitidas por el propio Ejecutivo, como el caso del Ministerio del Ambiente, y de Relaciones Exteriores.
Otras, tienen media sanción de la Cámara de Diputados, y en esa lista figuran varios entes, como el Ministerio de Obras Públicas.
El aumento presupuestario que fue aprobado por la Cámara Baja este año tiene sanción ficta justo este mes.
También figuran, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia; Secretaría de Repatriados; otro para Obras Públicas; Ministerio de Justicia; Industria y Comercio. En lista de espera, además solicitudes para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación; Secretaría de Emergencia; Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad; y uno para la gobernación del departamento Central.
Están también las que fueron presentadas en el Senado, y en esta tanda es que están los pedidos de la Corte.
Además, el Consejo de la Magistratura; Universidad Nacional de Asunción; y la Diben (Dirección de Beneficencia y Ayuda Social).
En el caso de esta última se trata de una presentación, que es una iniciativa de senadores de varios partidos políticos, para la autorización de transferencia de créditos presupuestarios de entidades de la administración central a la entidad descentralizada.
De acuerdo con las informaciones que se manejan, se estarían utilizando los fondos que corresponden al Ministerio de Salud para la Dibén.
La Fiscalía General del Estado (FGE) es otra de las entidades que figura en la lista de los pedidos de ampliación, en este caso por un monto de G. 46.000 millones.
El actual titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, también está en la lista negra de varios sectores políticos e incluso representantes de la sociedad civil por cuestionamientos con relación a la falta de celeridad en los casos.
En manos de la Fiscalía hay denuncias sobre vínculos de políticos con el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos; y uno de los más sonados tiene que ver con la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci que sigue sin avances en Paraguay, de acuerdo con el reclamo vehemente de los familiares.
Préstamos millonarios. En la nómina de pendientes también figuran varios convenios de préstamos de alto valor. El más reciente y de gran interés por parte del titular de la ANDE, Félix Sosa, es un crédito que totaliza la suma de USD 290 millones. El contrato de préstamo es justamente entre la ANDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 260 millones; y el Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán de USD 30 millones. El destino sería el financiamiento del proyecto de expansión del Sistema Eléctrico en Alta Tensión - Fase 2, de acuerdo con el proyecto. Además, hay un Convenio entre Yacyretá y el Ministerio del Interior sobre seguridad ciudadana por más de G. 4.741 millones; y otro con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que es una línea de crédito contingente no comprometida de liquidez por USD 300 millones.
