Las familias pertenecen a la zona de Cañadón Chaqueño, al barrio Santa Rosa, San Jorge y San Juan. A mediados de diciembre ya habían realizado una protesta al costado del puente Héroes del Chaco, reclamaron el hecho de que la Municipalidad los “persiga” por medio de notificaciones colocadas sin explicación alguna en las puertas de sus viviendas.
Irene Agüero, coordinadora de comisiones vecinales del Centro Municipal N°2, explicó que los pobladores están desesperados “porque nadie les da información de lo que va a pasar con ellos”.
“Lo único que reciben son documentos, que dicen que supuestamente están en propiedad privada y tienen que salir de ahí”, contó la representante en un diálogo con ÚH.
“Inclusive a la mitad ya le están llamando para declarar; ya les dijeron que tienen que salir nomás ya, que si son del interior que le van a estar consiguiendo un camión para que regresen”, añadió. En representación de los bañadenses, el abogado Enrique Wagener declaró que se presentará una nota para solicitar una mesa de trabajo con las autoridades de la Municipalidad. “Son personas que están viviendo allí hace más de 20 años, que hicieron mejoras en el lugar”, indicó Wagener, quien demandó a la Comuna por realizar una subasta con una serie de irregularidades que hasta ahora no se clarifican del todo.
Acción judicial.”Si es que la mesa de trabajo no prospera, se puede hacer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ordenanza N° 33/95”, adelantó Wagener. Esta ordenanza, en su artículo 4, establece que las tierras del dominio privado municipal “que, hallándose libre de ocupaciones, a juicio de la Municipalidad, puedan ser cedidas en uso, arrendadas o vendidas a terceros”. De acuerdo con Wagener, esta ordenanza está desfasada. “Es una ordenanza que se hizo en 1995 para los que entraron ahí en los 90. Cuando recién empezaron a ingresar se hizo esa ordenanza y después las administraciones nunca más se ocuparon de ellos, se les dejó ahí, empezó a venir más gente del interior, y hoy tenés lo que son los bañados”, explicó, y añadió que hacen falta políticas públicas que incidan en esa zona. “Que haya un programa habitacional para ellos, pero que no se les saque como se les está diciendo, que en 48 horas les van a desalojar”, sugirió.
Son alrededor de 20 hectáreas las que actualmente están ocupadas de manera parcial por las familias que buscan la mesa de diálogo. En la zona, identificada con la cuenta catastral número 15-1486-1 además, también conviven otras 200 familias.
La ordenanza referida por Wagener es la misma que se utilizó para amparar la venta directa de 17.000 metros cuadrados al Astillero Aguape, acción criticada por organizaciones como Codeasu por “vulnerar normas vigentes” y por sentar un precedente gravve que facilita la enajenación de los bienes municipales sin control adecuado.
La normativa que avala las recientes operaciones del Municipio (venta de astillero y posibles desalojos de bañadenses) faculta a su administración a cobrar el canon de arrendamiento o uso de suelo de los que ocupen terrenos municipales, “aunque no hayan presentado solicitud, quedando sometidos a las mismas obligaciones de quienes hayan firmado el contrato respectivo”.
La ordenanza, en su artículo 33, también indica que “en el plazo de un año, (los ocupantes) deberán suscribir el correspondiente contrato. En caso contrario, deberán desalojar el lote ocupado”.
