La corrupción público-privada además genera cadenas de favores que erosionan los cimientos de la institucionalidad y de la democracia. Este círculo perverso entre rentismo económico y prebendarismo político se extiende a largo plazo impidiendo que las políticas públicas respondan a las necesidades y los derechos de la ciudadanía y a los objetivos del desarrollo. De esta manera, la corrupción no solo es un problema de un negocio en particular y en un momento dado, sino que tiene múltiples facetas, traspasa la coyuntura y la inmediatez, y se convierte en un problema sistémico y estructural.
El costo de la corrupción no se limita a los que muestran los escándalos más publicitados como las sobrefacturaciones en las compras públicas, la malversación o el cobro de salarios indebidos por parte de funcionarios públicos.
El lavado de dinero, el tráfico de influencias o la puerta giratoria también son actos de corrupción, aun cuando estos no estén debidamente tipificados en las leyes nacionales y sancionados judicialmente.
Paraguay tiene un gran déficit en esa materia. Su marco legal y el sistema judicial penalizan más el robo de una gallina o el abigeato que la corrupción público-privada, siendo que sus consecuencias afectan a toda la población y al funcionamiento del Estado.
Nuestro país requiere de un cambio sustancial en tal sentido. Necesitamos adaptar nuestro marco legal a todas las formas de corrupción y garantizar un sistema judicial que funcione para penalizar y eliminar la impunidad.
Todo esto debe ir acompañado de la implementación de una carrera del servicio civil, que está visto que no existe, ya que gran parte de los funcionarios públicos están comprometidos con la corrupción o como mínimo temerosos de actuar en contra, por lo que deciden no actuar.
Un ejemplo claro está siendo el de la institucionalidad económica, cuyo prestigio vino cayendo rápidamente en los últimos años poniendo en riesgo la confianza ciudadana en ella, así como la posición de Paraguay en los organismos internacionales.
A pesar de los avances en la aprobación de numerosas leyes en materia económica para mejorar la capacidad del país en el control de la corrupción trasnacional, no podemos alejarnos de las peores posiciones en las listas, estando incluso siempre en riesgo de caer en los peores lugares.
Ese es otro costo que es difícil de cuantificar, el de entrar en las listas grises o negras reduciendo la probabilidad de que lleguen las buenas inversiones extranjeras. En lugar de eso tenemos un costo adicional que es el de reducir impuestos para supuestamente incentivar la entrada de capitales y contrarrestar la mala imagen. Esta falta de recursos impide financiar la inversión en capital humano y en infraestructura que requiere el país para hacer productivas las inversiones nacionales y extranjeras. Es lo que en economía se denomina costos de oportunidad.
En definitiva, los costos económicos de la corrupción son casi imposibles de cuantificar por las importantes aristas. Lo que queda claro es que son altos e impiden cualquier posibilidad de desarrollo y bienestar.
