Mario Abdo firmó el decreto por el cual se promulga la ley que declara el estado de emergencia en todo el país y establece medidas administrativas, fiscales y financieras para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
Se otorga, como cheque en blanco, una línea de crédito de hasta USD 1.600 millones. Se flexibilizan pagos de servicios básicos, se prevén fondos para IPS, BNF, mipymes y personal de blanco.
Uno de los puntos de mayor impacto dentro de la ley es la autorización de una inversión de USD 500 millones para el fortalecimiento del sistema de salud pública, lo que permitirá garantizar los insumos y duplicar las camas de terapia intensiva.
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Para el financiamiento se estipula la contratación de empréstitos y bonos del Tesoro por un monto máximo de USD 1.600 millones, para el financiamiento de las medidas.
Facturas de servicios básicos
Además, se establece una nueva modalidad de pago de los servicios básicos por los meses de marzo, abril y mayo. Esto afecta a las facturas de la ANDE, Essap y Copaco.
En el caso de la ANDE, los usuarios con un consumo mensual de 0 a 500 kV serán exonerados en un 100%. (G. 250.000). Por otra parte, los clientes con un consumo superior a los 500 kV mensuales podrán ser diferidos temporalmente y pagados en 18 cuotas sin interés.
Por su parte, la Essap, aguateras privadas, juntas de saneamiento y comisiones de saneamiento podrán ser diferidas temporalmente y/o tener un descuento de hasta el 100% para las mipymes y sectores vulnerables.
La ley de emergencia también plantea una asistencia monetaria para los trabajadores informales y aquellos del sector vulnerable, exceptuando a los contribuyentes de la previsional y beneficiarios de otros programas sociales.
Ayuda económica y alquileres
Se dispone el desembolso de un subsidio de 25% del salario mínimo legal vigente. Este beneficio podrá ser otorgado hasta dos veces por el mismo monto y será abonado desde un fondo social a través de entidades de pago.
En paralelo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) decidió reemplazar los tradicionales víveres por un desembolso de G. 230.000 a las personas en situación de vulnerabilidad por el impacto del coronavirus.
La normativa también establece que nadie podrá ser desalojado por el incumplimiento del pago de alquileres, siempre que desembolse el 40% del monto del contrato.
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Las sumas que queden pendientes deberán ser prorrateadas y sumadas al valor del alquiler mensual a ser pagadas en su totalidad a partir del mes de julio. Las deudas prorrateadas deberán ser canceladas en un plazo máximo de seis meses.
Otras medidas
IPS. Se prevé un aporte al Instituto de Previsión Social (IPS) de hasta G. 638.200.000.000 (USD 100 millones) para subsidio de reposo y para otorgar una compensación económica a los trabajadores cesados o con contratos suspendidos.
Mipymes. El Ejecutivo dispondrá del 20% de las utilidades del BNF para las mipymes que será administrado por la AFD. Se otorgará un subsidio del 25% del salario mínimo, hasta dos veces, a cada trabajador sin cobertura social. Para ello, se crea un fondo social con un monto de G. 1.914.600.000.000 (USD 300 millones). También un fondo de garantía.
Personal de Blanco. Se pagará una gratificación especial al personal de salud, que no podrá ser superior a tres salarios mínimos. De acuerdo con disponibilidades, se podrá otorgar una segunda gratificación de hasta dos salarios mínimos. También se prevé contrataciones temporales del personal por seis meses.
Impuestos. Se establecen prórrogas de presentación de las declaraciones juradas y pagos de impuestos.
Críticas
La Ley de Emergencia fue duramente criticada ayer por analistas económicos que cuestionaron al Ejecutivo no poner fin de una vez por todas a los cuestionados y abusivos gastos innecesarios.
El analista Amílcar Ferreira sostuvo que hay un esfuerzo muy desigual entre el sector privado y el público.
Por su parte, la economista Verónica Serafini manifestó a través de su cuenta de Twitter que la salud pública no se puede financiar con deuda.
En ese sentido, la profesional dio a entender que se debería exigir más de manera impositiva a los sojeros y a las personas con mayores ingresos.
El Ministerio de Salud confirmó 41 casos de coronavirus en el país y tres personas fallecieron.
El Gobierno decretó un paro sanitario que se extenderá hasta el 12 de abril y estableció el régimen de aislamiento social hasta este sábado 28, como medidas de contingencia ante la emergencia por el Covid-19.
Miles de ciudadanos sienten el impacto económico del paro de actividades. La medida afecta especialmente al empleo informal, a los sectores gastronómico, hotelero y comercial.
