El proyecto de ley presentado este lunes por el Poder Ejecutivo busca racionalizar recursos, fortalecer el sistema de salud y brindar asistencia financiera a las familias afectadas por el cese de actividades, tras la cuerentena decretada para combatir el avance del Covid-19.
Si bien el Instituto de Derecho y Economía Ambiental está de acuerdo con la futura normativa, propone algunos mecanismos de control adicionales en el uso de los recursos.
En comunicación con Última Hora, el director ejecutivo de IDEA, Ezequiel Santagada, comentó que buscan encontrar una vía para evitar la malversación del dinero y que llegue a ser utilizado de una manera correcta. Hizo énfasis especialmente en las falencias encontradas en los artículos 41 al 44 del proyecto de ley.
“Nosotros no estamos cuestionando el préstamo que pretende hacer el Gobierno, porque entendemos que se trata de una situación especial, pero estamos cuestionando el manejo del dinero y pidiendo transparencia en el uso”, refirió.
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Señaló que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) es una institución que no cuenta con una ley orgánica, careciendo de facultades legales para combatir la corrupción.
Además, Santagada aseguró que el proyecto autoriza a “habilitar mecanismos para la recepción de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción (…) así como procedimientos de indagación administrativa tendientes al esclarecimiento de los hechos, a fin de derivarlos a las autoridades que correspondan”.
Igualmente, mencionó que en el proyecto se faculta a la Senac a establecer lineamientos en materia de administración de los recursos previstos en la ley y de prevención de hechos de corrupción.
“Los lineamientos no son obligaciones sino, en el mejor de los casos, indicaciones sobre cuáles serían las mejores prácticas. En suma, se trata de un rejunte de buenas intenciones de índole programática y meramente orientativas”, indicó.
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Santagada comentó que no se prevén mecanismos de protección de denunciantes, ya que, al ser la Senac un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, no encontrará a nadie que denuncie los hechos ilícitos.
“Se involucra a la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Este organismo, según lo establece la Ley 1535, de Administración Financiera del Estado, depende del Poder Ejecutivo y realiza el control a posteriori; o sea, controla al mismo poder del que es parte y a cuya cabeza está subordinada y con posterioridad a que los hechos de corrupción hayan ocurrido. ¿Alguien puede creer que, por ventura, un órgano con dependencia jerárquica puede controlar eficazmente a la estructura de la que depende?”, dijo.
Rendición de cuentas de uso de fondos
Sobre las rendición de cuentas, Santagada propone obligaciones concretas de transparencia activa, como la publicación de toda la información que se genere durante la ejecución de los fondos de emergencia, y no esperar el periodo de dos meses para la rendición de cuentas.
Además, que esa publicación se realice en formato de datos abiertos para que todas las personas puedan utilizar, cruzar, investigar con esos datos; esto es, darles valor agregado y evidenciar posibles casos de corrupción. Agregó que el acceso a la información debe ser combinado con el uso de tecnologías de la información sencillas y asequibles para todos.
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“Más allá de la autonomía que la Constitución le da a la Contraloría General de la República, no pueden dejar de considerarse los públicos vínculos de amistad entre el contralor Benítez Aldana y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez”, expresó.
Así también, indicó que el único medio de control ciudadano previsto en el proyecto es la instrucción al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de poner a disposición de los organismos y entidades del Estado (OEE), un portal que permita visualizar los datos básicos de la ejecución presupuestaria de los mismos dentro del período de emergencia.
Entre algunas de las disposiciones recomendadas por IDEA se encuentran:
- Habilitar mecanismos de participación ciudadana que permitan recibir opiniones y recomendaciones de los ciudadanos. Esos mecanismos deberían ser abiertos a todas las personas, de recepción remota y solo condicionados a que sean realizados de manera fundada.
- Prever de mecanismos de denuncias anónimas con garantías legales reales de protección de los denunciantes.
- Actualización, presentación y publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de todas las autoridades y funcionarios que vayan a ejecutar o participen en la ejecución de los fondos de emergencia y obligación de actualización de tales declaraciones juradas en forma periódica por los próximos tres años, como mínimo.
- Presentación y publicidad de declaraciones de conflictos de intereses para detectar posibles vínculos entre autoridades y funcionarios y las firmas que proveerán bienes y servicios durante la emergencia.
- Presentación de las mismas declaraciones juradas a los proveedores del Estado que se contraten por la vía de excepción prevista en el proyecto de ley.
- Establecer sanciones administrativas y penales para quienes infrinjan las normas de transparencia y/o cometan hechos de corrupción en la ejecución de los fondos de emergencia.
¿En qué consiste el proyecto de ley emergencia?
El proyecto de ley propone una línea de crédito de hasta USD 1.600 millones, a ser utilizada o no de acuerdo con los requerimientos y la necesidad. La intención es aumentar la capacidad de atención en terapia intensiva para duplicar las camas.
Además, se dotará de equipamiento al sector de blanco, de manera que cuenten con todas las garantías en la atención a quienes contraen el virus.
La intención es preparar el sistema de salud ante la pandemia de Covid-19 y hacer frente a la contingencia del sector económico, que puede derivar de la coyuntura mundial.
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Asimismo, se prevé una mayor compra de reactivos para realizar los test, que permita comprender la expansión del virus y actuar en consecuencia.
También se destinará un plus, por lo meses que dure la pandemia, para los trabajadores de blanco, como reconocimiento a su labor.
Igualmente, se busca fortalecer con líneas de créditos a las Mipymes. Además, se prorrogará el pago de luz y agua, por tres meses (marzo, abril y mayo), para sectores vulnerables, de acuerdo con su consumo.
Con este proyecto se prevé que puedan refinanciar su pago en 18 meses. Para ello, dentro de la ley se prevé incorporar a la Secretaría Anticorrupción para controlar cada guaraní o dólar que se utilice en el plan de contingencia, a fin de invertir en la gente que necesita.
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