En Paraguay existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para sectorizar a los no vacunados contra el Covid-19 en lugares públicos y privados, pero la propuesta representaría un costo extra a empresarios de diferentes sectores, quienes ya vienen golpeados por las restricciones impuestas tempranamente por el Gobierno desde el inicio de la pandemia en el 2020 y ya expresaron su postura en contra.
Además, las multas recaen sobre las empresas y no sobre las personas que no quieren ser inmunizadas.
Lo cierto es que el Ministerio de Salud ya advirtió sobre el inicio de una tercera ola en Paraguay, “la ola de los no vacunados”, como la llaman y que empieza a tener sus repuntes en Alto Paraná.
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El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia y abogado constitucionalista, José Altamirano, trajo a colación las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien sostuvo que negarse a la vacunación no es el ejercicio de un derecho personal, sino el ejercicio de una irresponsabilidad.
Asimismo, indicó que, analizadas las circunstancias, donde una mayoría opta por una política de vacunación, no cree que exista ninguna vulneración de derechos, ya que se trata de un interés superior, que es el de preservar la vida de las personas.
En ese sentido, manifestó que la medida es para proteger a la mayoría de las personas y que desde el momento en el que una persona convive con otras se renuncia a ese derecho individual.
También afirmó que no hay ningún artículo de la Constitución Nacional que impida implementar la vacunación obligatoria en Paraguay. No obstante, dijo que siempre habrá minorías y que el que se oponga debe abstenerse a las consecuencias.
Derecho a la libertad y a la vida
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, declaró que si se realiza un análisis de conjugación de derechos constitucionales, que protegen bienes jurídicos fundamentales, se estarían conjugándose el derecho a la libertad y a la vida, y que los números de muertes son significativos.
“La existencia de la pandemia es real, no es ningún invento, independientemente al debate del origen, de cómo vino, de quien vino y los parámetros de la perspectiva de la pandemia misma, como un enfoque político mundial”, indicó.
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Para Godoy, la pandemia está y es un peligro para el derecho constitucional a la vida y esa es la situación real, luego van las cuestiones de las libertades.
“Es un escenario absolutamente diferente a un escenario político natural y normal, no podemos esperar que todas las cuestiones se manejen con las mismas institucionalizaciones y racionalizaciones que en tiempos de no pandemia. Obviamente que todo se puede ver como un constreñimiento contra el derecho a la libertad, pero no hay que dejar de entender que estamos en pandemia”, remarcó.
El defensor alegó que se debe analizar que el mundo se encuentra en tiempos de pandemia, en una situación donde hay gente muerta, familias destruidas, también sus economías y que no se puede evitar o disimular la existencia de todos esos padecimientos.
El abogado expresó sin embargo, con una postura algo contraria a lo que expresó previamente, que evidentemente no se le puede obligar a nadie, porque es un derecho constitucional a disponer de su cuerpo, en ningún sentido, pero sí se deben conjugar los derechos de la vida y las libertades.
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Entre otras cosas, agregó que en el mundo se están dando las prohibiciones de ingresos a lugares públicos y privados a los no vacunados y que es algo que seguramente también se dará en Paraguay.
“Las medidas que se toman en tiempo de pandemia no son habituales, en los últimos 1.000 años tenemos pocas reseñas históricas de la existencia de pandemias, entonces este tipo de circunstancias se suelden dar”, finalizó.
¿Viable o no?
La socióloga y abogada de Derechos Humanos, Diana Vargas, sostiene que la vacunación se da en el marco de una política sanitaria, con particularidades que tiene un contexto de pandemia y que no es una decisión que se toma solamente en Paraguay la de inocular a su población, sino en el mundo entero.
Vargas cree que la vacunación obligatoria no sería viable, porque la persona tiene que libremente poder decidir, pero dicha decisión tiene consecuencias y en ese sentido se encuentra las limitaciones o requisitos que se establecen para acceder a determinados servicios o lugares que tendrán que asumir.
“Puede ser un requisito para ingresar a determinados lugares o acceder a servicios la presentación del carnet de vacunación y no estaríamos haciendo una diferencia que ubique a la persona en una situación de discriminación”, aclara.
Sobre el punto, manifiesta que es muy importante no banalizar el concepto de discriminación, que ubica a una persona en situación de desventaja para el ejercicio de sus derechos.
“No estamos en esa situación cuando hablamos de establecer como requisito para los niños que van a ir a las escuelas o un adulto que quiera ingresar a un hotel, porque tiene que ver con un conjunto de medidas que protegen a la población, no solamente a esa persona, entonces no es una diferencia que les ubica en una situación de desventaja”, afirma.
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La socióloga pone como ejemplo que incluso a un jugador de fútbol le disminuyeron el salario y que todas son medidas que, en este contexto, aún están discutiéndose.
“Por un lado es discutible la legitimidad de una medida así (vacunación obligatoria), pero por otro lado cómo la haces efectiva, este es un país de altísimo nivel de informalidad, de personas que se encuentran excluidas del derecho a la identidad, de empleo informal, podemos discutir en la teoría, pero incluso va a ser muy difícil llevar a la práctica”, señala.
La abogada se mostró de acuerdo en general en que se adopten medidas sanitarias que sean legítimas, razonables, pero subraya que sí es prudente la reflexión permanente sobre la legitimidad y cuáles son los límites del Estado, atendiendo el pasado reciente de la dictadura en Paraguay, una de las más largas de Sudamérica.
Abusos en tiempos de pandemia
La ex integrante de la Comisión Verdad y Justicia detalla que con las medidas de cuarentena se dieron una serie de abusos en el mundo entero y ni hablar en Paraguay, “que tenemos una policía absolutamente autoritaria”.
“Al inicio de la pandemia estábamos todos tan asustados, que permitimos que ocurra todo, sin límites, permitimos a la Policía que nos diga si podemos o no circular en la calle, que nos detenga, incluso se procesó a personas sin que sea un hecho punible la violación del decreto”, asegura.
Vargas considera que se cometieron demasiados abusos en nombre de la pandemia y que es muy importante que se aborde con una balanza entre la racionalidad de las medidas y la legalidad, como también los límites en el ejercicio de la autonomía de las decisiones que las personas puedan tomar y el ejercicio de la libertad misma, pero que “no todo está permitido por estar en pandemia”.
“No es simplemente decir, violan derechos porque nos obligan a quedarnos en nuestras casas, esa puede ser una medida adecuada en determinados momentos, o se creía que era la medida adecuada”, razona.
A la vez, dice que la medida termina siendo ilegítima cuando las acciones que se toman en cumplimiento de la misma ponen en un riesgo sanitario mayor a la población, como colocarlos a todos en una misma celda por incumplir el decreto sanitario.
“No podías estar en la calle y te llevaban a una celda con aglomeración, ahí es donde la medida pierde sentido”, finaliza.
A la fecha, Paraguay tiene solo unas 3.296.806 primeras dosis aplicadas, pese a haber bajado el rango de edad hasta los 12 años y 2.569.768 personas con segundas dosis. También ya habilitó la aplicación de terceras dosis para personas mayores de 18 años, ante una importante cantidad de dosis disponibles.
Contexto internacional
En Francia, desde el mes de setiembre es obligatoria la vacunación para profesionales de salud, entre ellos cuidadores de hogares y residencias para ancianos, bomberos, paramédicos y personal de emergencia y algunos policías. También exigen el carnet de vacunación para acceder a lugares públicos, bares, restaurantes, museos, teatros, grandes centros comerciales o trenes y aviones.
Austria anunció un cuarto confinamiento general recientemente e impuso la obligatoriedad de la vacunación a toda la población a partir de febrero del 2022.
Bélgica estableció la vacunación obligatoria para el personal sanitario, volvió al teletrabajo cuatro días a la semana, además de exigir el certificado de vacunación para acceder a establecimientos y lugares culturales, como restaurantes o cines.
En Italia, existe una obligatoriedad de mostrar el certificado sanitario en los medios de transporte, incluidos los taxis, como también la posibilidad de detener los trenes si viajan personas con síntomas de Covid-19.
De igual manera, es obligatorio presentar el certificado de vacunación, que se ha superado la enfermedad, o una prueba reciente para trabajar, tanto en el sector público como en el privado.
Alemania anunció en estos días que la vacuna será obligatoria para los profesionales de sectores sensibles, como personal médico y los que tengan contacto con personas vulnerables, además de restricciones específicas para personas no vacunadas, como excluirlas de determinados lugares públicos para combatir un nuevo brote de infecciones por Covid-19.
En Grecia, desde comienzos de noviembre, los espacios interiores de locales están reservados exclusivamente para los vacunados. También se impuso, desde el mes de setiembre, la obligatoriedad de la vacuna para personal sanitario y trabajadores de centros de adultos mayores.
Las medidas de carácter obligatorias y las nuevas restricciones y confinamientos derivaron en manifestaciones en contra en varios países, como en Francia meses atrás, mientras que ahora se dan en Austria, Países Bajos y Bélgica, incluso con esporádicos enfrentamientos con las autoridades policiales.
