Patricia Vargas
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, afirmó ayer que acordaron con la empresa de seguros Rumbos SA que no se solventarán cirugías estéticas ni lipoaspiraciones a funcionarios de la cartera.
Reconoció que tuvo que firmar el contrato cuando se realizó la transición, de lo contrario, los funcionarios se quedarían sin seguro de sanidad.
Admitió que algunos servicios no correspondían y responsabilizó al propio ministerio de preparar, negociar y contratar los términos del seguro, en la época de Gustavo Leite.
“Contrataciones nos explicó que el ítem no podía ser excluido de forma unilateral del contrato, pero sí renunciar a un servicio por otro, sino tendríamos que cancelar y volver a empezar”, explicó Cramer, en entrevista con Monumental 1080 AM,
La secretaria de Estado aclaró que, actualmente, esos ítems del contrato fueron modificados y se incluyó la prestación de servicios en otras especialidades como sicología, siquiatría y la cirugía estética reparadora.
IPS. Por otro lado, la ministra abogó por trabajar en un pliego de bases y condiciones estándar, que también pueda ser utilizado en otras dependencias estatales.
“En términos generales, se debería trabajar en un pliego estándar y podemos servir de ejemplo para otros ministerios y que el seguro médico ya no sea un tema para tocar”, expresó.
Señaló que está de acuerdo con incluir a todos los funcionarios públicos en la cobertura que ofrece el IPS, porque, pese a las dificultades del servicio, tiene la capacidad de atender cuadros de alta complejidad.
“Hoy no tenemos eso, y es una circunstancia para llegar a la igualdad”, añadió.
antecedentes. El ex ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, poco antes de dejar el cargo, aprobó todo el proceso de la licitación para que una empresa de seguros, denominada Rumbos SA, brinde el servicio y solvente a los cerca de 422 funcionarios de la institución cirugías estéticas no reparadoras, cirugías bariátricas-metabólicas y hasta lipoaspiraciones.
El MIC adjudicó a la empresa un total de G. 2.616 millones por la cobertura.
El servicio tiene una duración de 12 meses, a partir de setiembre de este año.
No obstante, la ministra Liz Cramer firmó el contrato y modificó las polémicas cláusulas.
MÁS PLATA, MENOS BENEFICIO. La firma del seguro médico que se adjudicó fue con el sanatorio Santa Clara y correspondía G. 800.000 por cada funcionario, con la opción de asegurar hasta a tres familiares (hijos, padres y cónyuge).
El nuevo seguro subió a G. 960.000, pero es llamativo que a pesar de que ahora el Estado paga más al Santa Clara, este sanatorio suprimió beneficios y el funcionario solo puede asegurar a un familiar.
El caso es que el Santa Clara no cubre las cirugías estéticas, pero el reaseguro sí lo hacía hasta ayer.
