La política está asociada con la administración del Estado y como actividad apunta a modificar la vida de los ciudadanos, a hacer posible que tengan mayor calidad de vida. Las campañas de los candidatos de los partidos políticos y movimientos se basan básicamente en promesas, en lo que harían desde las instituciones como Gobierno, con políticas para la ciudadanía.
Como ya hemos visto en las últimas semanas, una vez alcanzado el objetivo no siempre implica que las autoridades cumplan con sus promesas o se enfoquen en trabajar con entusiasmo por conseguir el bienestar para la mayoría. Muy por el contrario y a la luz de las publicaciones de los medios y la información que circulan por las redes sociales, se enfocan por lo general en obtener ventajas y privilegios para un círculo pequeño, amigos y familiares específicamente.
Lo que a veces se intenta presentar como un hecho anecdótico o gracioso, el escándalo de decenas de casos de nepotismo que involucra a hijos e hijas de autoridades electas es un manifiesto caso de corruptela, pues no es para eso para lo que fueron electas dichas autoridades, y definitivamente no es eso lo que le habían prometido a sus electores. La ciudadanía no puede asociar el reparto de empleos con salarios millonarios con un hecho anecdótico. La población debe entender que esos privilegios se sostienen con el sudor de los trabajadores, de los empresarios, los emprendedores y todos aquellos que con esfuerzo laboran cada día y pagan impuestos para mantener un Presupuesto General del Estado que debería hacer posible para todos mejor calidad de vida, en vez de salarios millonarios para los hijos mimados del poder.
Igual sucede con el lema de la campaña que utilizó el presidente Santiago Peña, que había asegurado que “vamos a estar mejor”, aquella referida mejoría en las condiciones de vida –sin embargo– no se da como se esperaría en un efecto goteo hacia los electores, hacia el ciudadano que reclama necesidades, como por ejemplo a mejores servicios públicos como el transporte público, la salud, la educación, el empleo y la seguridad. La vida mejor es tan solamente para algunos privilegiados que tienen cercanía al poder, lo que convierte su idea de hacer política en una farsa, un fraude, una mentira.
Otro efecto muy frecuente que se percibe con frecuencia en la actividad política se relaciona con los bienes de funcionarios públicos y autoridades electas como se puede deducir de la presentación que hizo el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) ante la Contraloría General de la República de una investigación de perfiles de autoridades públicas que presentan inconsistencias, que detectó un fuerte incremento patrimonial a través de datos recabados por diversas fuentes de información, el Portal de Acceso a la Información Pública, declaraciones juradas y registros públicos, el actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA); el intendente de San Antonio, Santiago Javier Aguilera (PLRA); el ex gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR), y el ex diputado de Guairá, Éver Noguera (ANR). Con los documentos recibidos, la Contraloría anunció que se harán exámenes de correspondencia a los cuatro denunciados para corroborar si hubo crecimiento patrimonial indebido.
Estas situaciones socavan gravemente a la democracia y al Estado de derecho, pues produce una suerte de acostumbramiento o de normalización de la corruptela y la distribución ilícita de privilegios entre algunos pocos, mientras a la mayoría del país le falta todo.
En resumen, el Estado debe dejar de ser un botín político, y aunque parezca un imposible, la política debe volver a ser sinónimo de servicio.
