Cabe destacar que la interacción entre la calidad institucional y el desempeño económico es compleja, pero ya se conoce mucho gracias a años de investigación que lograron establecer los factores involucrados. La complejidad radica en que hay factores que son causa y efecto a la vez.
La evidencia empírica es clara señalando que la mejora de los marcos institucionales contribuye a mejores resultados económicos. Entre los determinantes que contribuyen a la baja calidad institucional se encuentran las importantes desigualdades políticas, sociales y económicas y el bajo nivel educativo. Estos elementos crean un círculo vicioso en el que la gobernanza ineficaz conduce a una menor confianza en las instituciones, lo que exacerba aún más el estancamiento económico y la desigualdad.
Entre las controversias más importantes que rodean la relación entre la calidad institucional y el desempeño económico se encuentran los debates sobre el papel de la corrupción, las fallas de las políticas y la capacidad de las burocracias. La corrupción erosiona la confianza pública y asigna recursos de manera ineficiente, mientras que las malas decisiones políticas (que a menudo se toman sin evaluaciones científicas rigurosas) exacerban aún más las debilidades institucionales.
La corrupción, igual que las desigualdades, es un determinante fundamental de la calidad de las instituciones públicas. Por un lado, es una causa y, por otro lado, una consecuencia. El uso indebido del poder otorgado para obtener beneficios privados genera ineficiencias en la asignación de recursos y exacerba las desigualdades en la distribución de beneficios.
La corrupción derivada de la influencia de los grupos de poder en las normativas y en el funcionamiento de los organismos públicos debilita la institucionalidad haciendo que el sector público se dirija a garantizar el interés particular en lugar del bien común. A su vez, instituciones débiles son permeables a la corrupción.
Para fomentar el crecimiento económico es imprescindible abordar la baja calidad de las instituciones públicas. Las recomendaciones para mejorarlas son innumerables. Un mejor marco legal con fuertes penalizaciones tanto para funcionarios públicos que ejercen mal sus funciones como para el sector privado que infringe las normas, la profesionalización del servicio civil, una mayor transparencia y mejor calidad de la rendición pública, una mayor trazabilidad del uso de los recursos públicos, el fortalecimiento de la sociedad civil para realizar auditoría social son solo algunas de las recomendaciones realizadas por múltiples reportes nacionales e internacionales.
Paraguay debe avanzar en estos aspectos. De otra manera, no solo nos estancaremos en el desarrollo, sino que retrocederemos en los avances logrados en las últimas dos décadas.
