La normativa, cuya reglamentación fue anunciada el pasado martes, fija las competencias dentro del Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible (Mades) como Autoridad de Aplicación, y establecer las reglas básicas para el funcionamiento del Registro de Créditos de Carbono.
Asimismo, se dispone la creación de la Dirección de Mercados de Carbono (DMC), la cual estará encargada de la implementación, supervisión y regulación del sistema de mercados de carbono. A su vez, esta se encargará de emitir la Constancia de No Objeción a los proyectos, previo dictamen de la Dirección Nacional de Cambio Climático.
Entre otras cosas, la reglamentación establece que, para ser registrado, todo Proyecto de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero cuya actividad se encuentre dentro de las disposiciones de la ley “De evaluación de impacto ambiental” deberá contar con la declaración de impacto ambiental y dar pleno cumplimiento a dicha ley.
Al mismo tiempo se establece que toda inscripción, notificación de emisión, transferencia y modificación en el Registro de Créditos de Carbono deberá abonar un canon, a excepción de los proyectos que tengan como titulares a comunidades indígenas. Es decir, las propias comunidades indígenas podrán impulsar proyectos que posteriormente le generen una rentabilidad.
El Mades deberá establecer por resolución toda disposición y acto administrativo necesario para el correcto funcionamiento de los mercados de carbono.
Según lo establecido en la reglamentación firmada por el Poder Ejecutivo, los costos de la inscripción de desarrolladoras son de 300 jornales mínimos (G. 32.288.100), los de proyectos 150 jornales (G. 16.144.050), la notificación de emisión 20 jornales, constancias y cartas 300 jornales, mientras que por cambios significativos deberá abonarse 300 jornales y 10 por cartas y autorización.
Un crédito de carbono es un permiso para emitir una tonelada de dióxido de carbono (CO2) u otros gases de efecto invernadero (GEI). Se trata de una herramienta para combatir el cambio climático y se pueden comprar y vender en mercados voluntarios y obligatorios.
El Poder Ejecutivo firmó la reglamentación de la Ley de Créditos de Carbono, iniciativa que permitirá “monetizar” los recursos naturales y desarrollar proyectos industriales sostenibles.
