Descomprimir y repensar las cárceles
“Desde el año 2000 a hoy tenemos más o menos cinco veces más presos en el sistema”, advierte Dante Leguizamón, del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), y aclara: “Esto no necesariamente se refleja en los niveles de criminalidad, porque una de las formas de medir la criminalidad es el índice de homicidios a nivel país y este índice ha disminuido”. Para Leguizamón, este crecimiento denota la falta de una política criminal en Paraguay, por lo cual, considera que el gran desafío en materia carcelaria es descomprimir las cárceles y repensar todo el sistema penitenciario.
El 2019 cerró con 15.477 presos en 18 penitenciarías que solo tienen capacidad de albergar a 9.511 personas, según datos de Justicia.
El actual Gobierno ya anunció la construcción de más penitenciarías.
El comisionado del Mecanismo hace precisión en que más que solo descomprimir las cárceles, “el desafío importante es repensar una política criminal que incluya acciones de prevención del delito, más que simplemente la represión”.
Recalca que los distintos poderes del Estado deben discutir qué tipo de cárceles necesitamos y cómo disminuir el crecimiento de la población penitenciaria. “Con este promedio de crecimiento, de prácticamente mil personas más por año presas, construir cada vez más cárceles es insostenible presupuestariamente”, afirma Leguizamón.
Mayor presencia del Estado frente a EPP
Durante los últimos diez años, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y los grupos armados que se le desprendieron han cometido secuestros, asesinatos y ataques a puestos militares y policiales. Solo durante el gobierno pasado, estas bandas que operan en el Norte cometieron 11 secuestros.
José Amarilla, consultor y especialista en Inteligencia Estratégica, señala que los grupos que actúan hoy en los departamentos de Concepción y San Pedro están vinculados a bandas criminales dedicadas al narcotráfico en la misma zona.
“Lo cierto es que hoy la zona norte está dominada por el tráfico de drogas ilícitas. Lo que se puede esperar es que el poder económico de estos grupos tenga mayor relevancia en los próximos tiempos. Con el crecimiento del poder económico, crecería en términos teóricos su capacidad operativa, aunque también en términos de influencia política sobre las candidaturas electivas que haya en la zona”, explica.
“Lo que el Estado paraguayo debería hacer es insistir en la consolidación de ciudadanía en esa zona, insistir en los mecanismos de control de los partidos políticos y sobretodo tener un norte claro en cuanto al destino final a un cultivo que está en crecimiento a nivel nacional, la marihuana”, añade. Por otro lado, advierte que la tecnología será un elemento determinante para la seguridad en los próximos años. Asegura que crecerá exponencialmente la inversión tecnológica.
Detener avance del PCC y otros grupos
En lo que respecta al crimen organizado, el mayor desafío del Estado paraguayo para los próximos años es detener el avance del Primer Comando Capital y grupos similares, como el Comando Vermelho. El 2019 estuvo marcado por motines y asesinatos cometidos por el PCC dentro de distintas penitenciarías.
Para el criminólogo Juan Martens, de continuar el crecimiento del PCC, el grupo puede expandirse a áreas del país en las que aún no están presentes. Apunta que el crimen organizado también puede expandirse a la frontera con Argentina.
“Desde el 2011 empezaron ellos a ocupar territorios, a bautizar a paraguayos. Si sigue todo como está, ellos van a seguir avanzando”, advierte Martens. Sobre el punto, asegura que un problema importante en materia de seguridad es el abordaje basado en percepciones y no en un diagnóstico científico.
Por su parte, Carlos Peris, sociólogo e investigador académico, coincide con Martens en que el PCC representa el mayor desafío para el Estado en materia de seguridad. “Ellos hoy en día tienen más fuego que la Policía del Paraguay, ellos tienen más capacidad operativa. Entonces, el primer riesgo para las próximas décadas es que existan zonas liberadas que estén totalmente controladas por el PCC y que se estén dando cierres momentáneos de las ciudades”, asevera.
Justicia: Más independencia y celeridad de parte de jueces
Para María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales, existen tres grandes desafíos para el sistema judicial para los próximos diez años: Que exista un mayor acceso a la justicia; que se reduzca significativamente la mora judicial, y que la ciudadanía tenga más confianza en el sistema.
La ex fiscala adjunta sostiene que también es fundamental alcanzar una verdadera independencia judicial y que esto se logrará mediante la implementación de una carrera judicial.
“Si bien es cierto que está establecido en nuestra Constitución, Paraguay no ha podido desarrollar una carrera judicial. Tenemos que avanzar en una carrera judicial, en donde se vincule la carrera con la capacitación y méritos de los jueces. Es la clave para consolidar la independencia, para que los jueces ya no dependan de la clase política, sino de su desempeño y capacitación”, explica Rivas.
En ese sentido, destaca como un logro reciente del Poder Judicial la transparencia, a través de la transmisión en vivo de las sesiones plenarias de la Corte Suprema de Justicia y la rendición de cuentas de la Sala Civil y la Sala Penal.
Por otro lado, resalta que otro avance es la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de magistrados, que gremios judiciales impulsan. Solo durante el Gobierno de Mario Abdo, la Corte renovará el 70% de sus miembros.
Violencia de género: Urgen cambios culturales
Para disminuir las cifras de violencia de género y de feminicidio es necesario que el Estado impulse políticas que fomenten un cambio cultural en la gente. Así lo señala Myrian González, investigadora del Centro de Documentación y Estudios.
“Si pensamos en términos de desafíos para el Estado, el desafío tiene que ser incorporar en la malla curricular una educación igualitaria para niños y niñas”, asegura la especialista en temas de género.
Por otro lado, indica que uno de los desafíos a corto plazo es ampliar los servicios de prevención, atención y protección a las mujeres al menos en las 16 cabeceras departamentales del país. “Es necesario una mayor inversión presupuestaria y tener al menos una institución de prevención y protección en cada ciudad departamental”, asegura.
Por otro lado, afirma que también es necesario potenciar los servicios de salud mental en los hospitales y centros de salud públicos.
De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, en todo el 2019 se produjeron 36 feminicidios.
Corrupción policial: Una mejor formación es clave
Luis Fretes Schinini, presidente de la Fundación País Seguro y directivo de la empresa de seguridad Protek, sostiene que una de las claves para sanear las filas policiales es mejorar el proceso de formación de los oficiales y suboficiales.
“Tendríamos que ampliar más nuestra cantidad de oficiales recibidos académicamente y que la carrera dure cuatro años. De todas formas, no va a tener sentido si es que el agente sale de la academia y cae en un sistema que está ya absolutamente corrupto”, asegura el empresario. “Los sistemas de seguridad que funcionaron existieron porque en la misma Presidencia la seguridad ciudadana es una prioridad. En Paraguay no tenemos eso, la seguridad está muy atrás en la lista de necesidades (de la clase política)”, añade.
Al respecto, Fretes Schinini afirma que si el Estado pretende reducir los niveles de corrupción dentro de la Policía será necesario potenciar los mecanismos de control internos, como Asuntos Internos, así como establecer políticas que busquen recompensar a los agentes por su buen desempeño. Sobre esto último, considera que incluso sería interesante plantear incentivos para los policías que reduzcan la delincuencia en sus respectivas zonas.
