El ataque a un helicóptero que se encontraba al servicio de la Fuerza de Tarea Conjunta mientras sobrevolaba una zona boscosa en la zona de Canindeyú, registrado hace una semana, debe llamarnos profundamente la reflexión. Como ciudadanía debemos examinar la realidad del país e intentar determinar en qué momento se han comenzado a normalizar la violencia y la influencia del crimen organizado que tienen prácticamente sometidas algunas zonas de nuestra geografía, ante la mirada impotente de las fuerzas de seguridad.
Se cumplieron ya dos meses de la militarización del Departamento de Canindeyú dispuesta por el presidente de la República, Santiago Peña, con el objetivo de enfrentar la ola de inseguridad y los violentos atentados y sicariatos registrados entre grupos criminales que han desatado una guerra narco por el dominio territorial fronterizo.
Como alternativa de solución, se decidió el envío de un importante contingente de efectivos militares, equipos tácticos y vehículos blindados a la denominada “nueva subárea de pacificación” en el Departamento de Canindeyú, como una forma de expansión de la militarización del Norte, azotada por la ola de inseguridad, hechos de sicariato y el avance del crimen organizado.
La zona, como se sabe, es una de las zonas más frágiles donde actualmente opera el crimen organizado.
Los pobladores viven en zozobra constante ante el crecimiento de la inseguridad, al haber quedado atrapados en medio de una guerra entre grupos criminales. Este conflicto que tiene su origen en el control del mercado de las drogas genera temor en los ciudadanos, pues con demasiada frecuencia quedan atrapados en medio del fuego cruzado.
Parte de la dolorosa y preocupante realidad nos habla de establecimientos de controles precarios, falta de presupuesto, corrupción y complicidad de las autoridades que facilitan la ruta del crimen organizado en la frontera.
Esta es una problemática que deviene fundamentalmente de la ausencia del Estado, problemática que también viven otras zonas de nuestra geografía que padecen carencias antiguas en salud pública, educación, empleo y seguridad.
Resulta muy grave para la institucionalidad de un país tener que aceptar la normalización de un conflicto entre grupos mafiosos, como el actual. En esta disputa por el dominio territorial narco en Canindeyú sobresalen dos nombres: el de Selva Portillo Rodas, alias Selva Hû, sindicada como una de las causantes de una ola de sicariatos; ella, además, sería aliada de Felipe Santiago Acosta, alias Macho, uno de los hombres más buscados por la Justicia paraguaya y los órganos de seguridad, con quien estaría liderando el plan para eliminar a sus oponentes y quedarse con el monopolio del tráfico de marihuana y de cocaína en la zona. Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, de 40 años, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un colono japonés en 2005. Estuvo recluido en diferentes penitenciarías del país, pero se fugó en varias ocasiones. Hace menos de un año, había acusado a autoridades policiales de crimen organizado de pedirle importantes sumas de dinero.
Es en esta zona y con esa coyuntura donde tuvo lugar hace una semana el grave incidente en el que fue atacado un helicóptero de la Fuerza de Tarea Conjunta, en la zona de influencia del presunto narco alias de Macho. Y, aunque los afectivos se hallan fuera de peligro, las autoridades no acaban de esclarecer lo sucedido. Según el ministro de Defensa, Óscar González, los militares que sobrevolaban la zona boscosa de Brítez Cué, en el distrito de Yby Pytã, Canidenyú, estaban realizando una tarea de inteligencia, por lo que su misión no era enfrentar a criminales.
Son urgentes las acciones, planes y políticas públicas para combatir la delincuencia, la violencia urbana y, particularmente, el crimen organizado. Para ello son necesarios no solo recursos como los que desde hace años disponen los grupos como la FTC, también falta decisión política, transparencia y una Justicia que ya no permita la impunidad de criminales.
Las autoridades deben entender que se está poniendo en riesgo la democracia y la existencia del Estado paraguayo.
