La bancada del PDP planteó un proyecto de resolución, por el cual se disponga que las audiencias sean de carácter público, ante las filtraciones de los datos de personas que firmaron contratos privados con oenegés.
La senadora Celeste Amarilla indicó que el trabajo de la CBI es el papelón más grande del Congreso Nacional. Dijo que esa comisión con un “puñadito de senadores y diputados casi accidentales” se atribuyen poderes que no tienen, rayando la ignorancia, ignorando supinamente el derecho”.
Señaló que los integrantes hacen pasar vergüenza al Senado. “Deberían retirarse al menos de la comisión”, exhortó.
Comparó las filtraciones de documentos de las organizaciones con las acusaciones que el cartismo plantea contra Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui y otros colaboradores, y citó los posibles delitos: revelación de secretos de servicio por funcionarios, denuncia falsa y usurpación de funciones públicas.
“Hacen reuniones secretas para luego divulgar información privada”, manifestó.
A renglón seguido, citó el caso de la periodista Susana Oviedo, cuya factura de servicios al CIRD también fue difundida por los militantes del cartismo.
“Susana Oviedo puede trabajar con quien quiera, como quiera, de lo que quiera y cobrar lo que quiera, siempre y cuando no utilice plata del Estado, y la están exponiendo hoy de una manera casi delincuencial”, expresó la legis-ladora.
LAVADO. Por su parte, el senador Rafael Filizzola dijo que se debe recordar que el lavado de dinero es blanquear y meter en el sistema bancario dinero que proviene de actividades delictivas.
Se preguntó si para “la comisión, Usaid u otras agencias de cooperación, ¿son organizaciones delictivas que están lavando en Paraguay dinero de sus organizaciones delictivas?”.
“Dijeron que iban a investigar lavado y dijeron que iban a investigar contrabando y crimen organizado. Hasta donde yo sé, ni Usaid ni esos consultores que tanto les molestan a algunos, no forman parte de ninguna organización criminal”, ironizó.
Agregó que si es así , “quiere decir que el Gobierno norteamericano es una organización criminal y el Gobierno paraguayo también es otra. Si estamos lavando dinero haciendo contrabando entre nosotros”.
SESIONES PÚBLICAS. Por su parte, Colym Soroka, quien de vuelta forma parte de la CBI, volvió a solicitar que las sesiones sean públicas. “Hagamos públicas las reuniones. Yo no tengo por qué ser vocero del contralor o del fiscal general”, manifestó.
Añadió que si hay información de carácter privado y se violó el derecho de alguien “voy a pedir responsabilidad con respecto a eso”.
Además también mencionó que la comisión fue creada para investigar casos de lavado de dinero. En ese sentido, recordó que el diputado Eulalio Gomes falleció en el marco de una investigación de lavado de activos, “y nadie se ocupa de eso”. Sostuvo que en ese caso sí “hay muchos caminos para revisar, muchos caminos del dinero”, haciendo mención a la frase de que en las investigaciones “hay que seguir al dinero”.
Por último, indicó que no tiene interés en las organizaciones.
El titular de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), Dionisio Amarilla, arremetió contra todos sus colegas que criticaron el trabajo que hacen. Comentó que la periodista Rossana Escobar va a ser también convocada por la comisión. Añadió que la misma obtuvo los documentos de las organizaciones vía Cancillería. No obstante, se pudo ver en uno de los documentos compartidos un membrete del Congreso. “¿Quieren ustedes saber su fuente? Recurran a ella, no la acusan a la comisión”, dijo y de esa forma niega que la comisión haya dado a conocer los documentos. Comentó que la comisión está recabando información y “empezando a tabular un sinnúmero de datos e informaciones que han sido proveídos vía presidencia al seno de la misma”. Señaló también que se va a poner a consideración la posibilidad de que la Justicia ordene al estudio jurídico Colab acercar los documentos solicitados.
