La Coordinadora por los Derechos Humanos en Paraguay (Codehupy) realizó ayer una conferencia de prensa donde subrayaron los puntos pendientes que tiene el Estado paraguayo desde la caída de la dictadura stronista, así como también los atentados a los derechos fundamentales que se dieron durante la llamada “era democrática”.
“No se ha podido implementar un mecanismo efectivo que lleve a superar la impunidad de los crímenes cometidos... tampoco se ha revertido la situación de los bienes malhabidos que siguen privando de una vida más digna para todos y todas... En época de democracia se siguen reproduciendo prácticas dictatoriales”, señalan.
Participaron en la conferencia de prensa María Estela Cáceres, presidenta de la Fundación Celestina Pérez de Almada; Óscar Ayala, secretario ejecutivo Codehupy; Antonio Pecci, coordinador de la Mesa Memoria Histórica; y Ernesto Benítez, dirigente campesino que sufrió torturas por parte de la policía tras su detención durante una manifestación campesina en el 2003 y cuyo caso llegó al Comité de DDHH de la ONU.
El pronunciamiento condena las 19.862 personas detenidas arbitrariamente, 18.722 personas torturadas, 236 niños, adolescentes privados de libertad, 17 niños nacidos en prisión, 20.814 exiliados políticos, 459 desaparecidos y 128.076 víctimas, y señalan que estas cifras no pueden banalizarse, ocultarse, olvidarse, ni repetirse.
Democracia. El comunicado condena además los abusos cometidos contra los derechos humanos de las personas ocurridos luego de la caída de la dictadura stronista, lo cual es señalado como una muestra de la matriz autoritaria que domina la cultura en el país.
“En época de democracia se siguen reproduciendo prácticas dictatoriales. Ejecuciones como las de Eulalio Blanco y Sebastián Larroza, cuando le arrebatan sus vidas por estar reclamando derechos al igual que otros cientos de casos de campesinos y campesinas ejecutadas en democracia, reportados al Estado y que permanecen en la impunidad”, señalan.
También fue expuesto el caso del dirigente campesino Ernesto Benítez, torturado en el 2003 luego de ser detenido por la policía en una protesta.
“El caso permanece, hasta hoy, en la impunidad, aún contando con una resolución de Naciones Unidas que encontró la más absoluta desidia en el Estado. A 7 años de dicha resolución, el Estado aún permanece responsable y cómplice de estas torturas demorando la apertura de la investigación fiscal bajo argumentos ya superados por otros países del mundo que han encontrado el camino para vencer la impunidad y que nuestro Estado se niega a transitar”, señalaron.
