Aramí O’Hara, referente de la gastronomía, apuntó que a la angustia de no poder lograr que el Congreso sancione tres leyes fundamentales que representan un incentivo para la formalidad y la protección de las suspensiones, ahora se suman “los chakes” (amenazas) semanales de medidas restrictivas por la pandemia.
“A esta altura lamentablemente no se entiende que sigan manteniendo conferencias de prensa donde se dice una cosa y pareciera ser que, dependiendo de la reacción de la gente, eso se cambia, ahí recién se ajusta y sale el decreto”, criticó.
O’Hara subrayó que, hasta ahora, seguía sin entender por qué no se realizan las conferencias con base en los decretos ya definidos y que detallan las nuevas restricciones. “Si vamos a seguir lastimosamente teniendo ‘chakes’ cada rato no se podrá reactivar nada porque esto no funciona así. Las empresas no se proyectan ni se mueven a una semana. Las empresas se proyectan por semestres y si no se puede hacer una proyección en ese sentido, y encima otra vez no hay acompañamiento de un paquete de leyes para proteger a los empleados, es muy difícil sostenerse”, alertó.
La empresaria gastronómica refirió que, por ejemplo, si se produce de nuevo una suspensión o cierre el año que viene, por una segunda ola o brote masivo de la pandemia, los empleados formales tienen que estar también protegidos. Subrayó que esto significa que tienen que volver a tener la compensación económica que corresponde y “hasta tendría que ser sobre la totalidad de lo declarado”.
Añadió que el empleado público por no irse a trabajar y tener exonerado en algunas instituciones hasta de marcar asistencia sigue cobrando la totalidad de su salario sin ningún tipo de descuento, “pero no se da lo mismo a la hora de proteger al trabajador formal que hace que la empresa pague impuesto que finalmente sostiene al Estado”.
La gremialista insistió en sus críticas al Congreso por trabar una ley de régimen transitorio de aporte para el IPS, otra referente a la ampliación de la vigencia de la Ley de Emergencia para seguir pagando las suspensiones y reposos y otra para que se redireccione el pago del 1,5% para el combate al paludismo al Senepa, una enfermedad erradicada, USD 60 millones que podrían cubrir las necesidades que tienen los trabajadores formales.
