La temporada de frío dura solo algunas semanas en Paraguay y aunque las bajas temperaturas se presentan como una simple anécdota en un país subtropical, en realidad tienen graves consecuencias en una población vulnerable que vive en la sombra de la desigualdad.
La falta de acceso a la tierra y a una vivienda digna es un tipo de violencia estatal. Impide el desarrollo de las familias desde punto de vista social y económico, aunque su mayor impacto se visibiliza cuando la población ni siquiera cuenta con un sitio para protegerse de las lluvias y del frío. Esta situación afecta incluso a comunidades enteras como el caso de los ava guaraní de Ka’a Poty, que fueron desalojados de una propiedad de Itakyry, Alto Paraná, a pesar de que el propio Estado defendió que las tierras habitadas les correspondían y sin embargo otro fragmento del mismo Estado los echó, violando a su paso todos los derechos de los pueblos originarios.
La debilidad institucional hizo que el propio Indi admitiera que no tiene fuerzas para frenar una orden judicial ejecutada con el acompañamiento de un gran contingente policial, que en plena pandemia dejó como consecuencia más de 100 mujeres, hombres y niños en una situación extrema de vulnerabilidad. El operativo se realizó sin diálogo y sin alternativas.
Desde hace dos semanas permanecen en la intemperie en la Plaza de Armas, desde donde marchan en los alrededores en reclamo de una solución. De las lluvias y el frío solo los protegen carpas y abrigos que fueron entregados por la ciudadanía solidaria.
Hasta el intendente de Itakyry manifestó su indignación, ya tarde se sumaron el Indi y el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, que ahora intentan negociar una solución para el sector.
Otro grupo que sufre los embates del frío es la agricultura familiar campesina. En medio de un repetido discurso errático del Gobierno que atribuye el progreso “a quienes trabajan”, los horticultores ven su producción destruida por las sequías en un primer momento y por las heladas en estas semanas de invierno.
En estos días los horticultores se desvelaron para proteger sus cultivos con algunas técnicas precarias como la quema de cubiertas de goma y el rociado de plantas con agua mezclada con caña, ante la imposibilidad de invertir en invernaderos y mantas térmicas, infraestructura que encarece un producto que luego no logra tener un precio justo en el mercado.
Los grupos más afectados ahora no podrán pagar sus deudas y como consecuencia tampoco podrán acceder a nuevos créditos para invertir en sus fincas. Son los mismos productores que reclaman en las rutas y que son ninguneados por un Gobierno que les lanza promesas para luego incumplirlas.
Esta semana la desesperación se adueñó otra vez del campo, donde la agricultura familiar carece de seguro agrícola, ante la negativa de las instituciones estatales y hasta de los grandes productores que sí pueden costear un seguro para sus cultivos, pero que sin embargo ven como amenaza la asistencia a los productores de pequeña escala que intentan crecer y salir de la pobreza a pesar de una abismal desventaja.
Esta situación también es responsabilidad del Estado, porque debe garantizar la seguridad alimentaria por un lado y, por el otro, el desarrollo de las familias campesinas que labran la tierra y producen alimentos. Es más, desde este año funciona un Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, que hasta ahora nada ha aportado al sector.
Este cúmulo de situaciones extremas empujan a nuevas movilizaciones de campesinos y campesinas que buscan soluciones, pero que en la mayoría de las veces se ven obligados a volver a sus comunidades con opciones parches, solo para subsistir el día a día, esta vez en un contexto electoral.
Son solo algunos ejemplos de hechos que suceden en este invierno y que muestran que el frío no llega a todos por igual.
