La tensión se sostuvo minuto a minuto. Informes del paso a paso de la investigación inundaban los medios de comunicación y las redes sociales. La Policía Nacional puso a todos sus oficiales a disposición, sin importar a qué departamento pertenecieran y dejando de lado los vericuetos burocráticos que muchas veces ralentizan los procesos. La ciudad entera se sumó a la causa: Ciudadanos compartiendo información, organizaciones apoyando la búsqueda y medios de prensa transmitiendo cada avance.
El desenlace fue positivo debido a la acción coordinada entre la comunidad, la policía y los medios, se logró el anhelado rescate, a solo metros de la frontera con Argentina. La bebé volvió a los brazos de su familia, desatando un alivio colectivo.
Entonces, llegaron las preguntas. ¿Quiénes estaban detrás del hecho? ¿Se trata de una acción coordinada o un acto impulsivo? ¿Cuántas personas están involucradas? Y la lista de incógnitas solo se alarga. La investigación recién empieza, pero el caso revela una problemática más profunda que no puede ignorarse.
En Paraguay, cada año desaparecen más de 1.000 menores. Datos publicados por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) señalan que en 2021, 1.358 niños, niñas y adolescentes fueron reportados como desaparecidos. Siguiendo la misma fuente, en 2022, desaparecieron 1.263 en total. Estas cifras, alarmantes por sí mismas, reflejan una situación de vulnerabilidad extrema que afecta a los menores de edad en el país.
En el 2023, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional recibió 904 denuncias de niñas y adolescentes de hasta 17 años desaparecidos en Paraguay.
Son alrededor de mil denuncias anuales, o más, las que se registran de menores desaparecidos. Y las cifras de localizados, con suerte, superan al 50%. Esta realidad evidencia fallas estructurales en los mecanismos de búsqueda, prevención y protección.
Este caso, resuelto con rapidez y eficiencia, expone una dura realidad que no siempre recibe la misma atención. La movilización masiva ante el rapto de esta bebé contrasta con la indiferencia que rodea a las cientos de desapariciones de niños y adolescentes que ocurren cada año en Paraguay. La solidaridad demostrada debe ser la regla, no la excepción.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué no reaccionamos con la misma urgencia ante cada caso? Este hecho debe servir como un llamado de atención para exigir respuestas y accio-nes concretas que garanticen la protección de todos los menores, sin distinciones ni excepciones. Es fundamental fortalecer las políticas de prevención, mejorar los protocolos de búsqueda y fomentar la colaboración ciudadana para evitar que más familias atraviesen el dolor de una desaparición. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente comprometida con la infancia y la adolescencia y no solo cuando llega el cuco de la ideología de género.
