“Cuando intentamos embargar a Enzo Cardozo, no tenía nada a su nombre”

Raúl Ramírez Bogado
@Raulramirezpy

El procurador General, Marco Aurelio González, habla de las acciones de la Procuraduría para recuperar bienes del Estado en casos de corrupción, y que en el caso Enzo Cardozo ya no hay bienes que embargar.

–¿En su informe de gestión dicen que recuperaron USD 300 millones? ¿Dónde va ese dinero?

–Esa es plata que está destinada al pago de demandas contra el Estado. Ese dinero se ahorra a los ministerios para que destinen a otro rubro, educación, seguridad. Básicamente, uno tiene su presupuesto anual, y lo que previó para el pago de demandas, por ejemplo USD 50 millones, se hace una reprogramación para destinar a otro rubro. Es decir, es dinero que se le ahorra a cada Ministerio para que puedan destinar a otros gastos.

–¿Cuántos juicios hay para recuperar bienes del Estado en casos de corrupción?

–Tenemos cuatro o cinco demandas que, a partir del 2018 hasta hoy hemos iniciado con ex autoridades que han sido sancionadas penalmente. Hemos planteado la acción de reparación del daño para que el Estado recupere el dinero que han malversado.

–¿Y si no tienen dinero?

–Es que ocurre, pero, en diferentes casos, como el de Hugo Javier, por ejemplo, donde ya tiene una orden de no innovar, o sea, una medida cautelar, por lo que él no puede disponer de sus bienes. Porque cuando le intentamos embargar algo a Enzo Cardozo y demás condenados ya no tenía nada a su nombre, ¿me explico? Entonces, esta medida que está tomando el juzgado a pedido de la Fiscalía, ya de dictar la orden de no innovar, así que los bienes que tengan no puedan transferir y que, por ende, puedan ser susceptibles de ejecución por parte de la Procuraduría cuando lleguemos a iniciar la acción. Porque desde la condena hasta que quede firme a lo mejor pasa mucho tiempo durante el cual esta persona puede transferir sus bienes. Ahora, gracias a estas medidas de la Fiscalía y de los jueces, creo que se va a ir mitigando el riesgo de que ellos no pueden transferir sus bienes para poder responder la demanda.

–¿Entonces, no hay bienes que se puedan recuperar en el caso de Enzo Cardozo, que son unos G. 68 mil millones?

–No. En el caso de Enzo Cardozo solamente se encontró, creo que, 7 millones de guaraníes más o menos, en una cuenta corriente de algún banco y de algunos otros, un poco más. Prácticamente, si no tienen nada a su nombre solo nos queda inhibirlos.

–¿Y el caso del Metrobús?

–En ese caso se le condenó al Estado paraguayo a pagar aproximadamente 13 millones de dólares con intereses. A la fecha representarían 20 millones de dólares. El Estado logró anular parcialmente. Quiere decir que para el Estado, con esa nulidad parcial que logró la Procuraduría, solo debe pagar un remanente de 2.700.000 dólares. Es que, según el contrato, hay que devolverle el concepto de pago retenidos por cada factura que ellos iban presentando mes a mes. Un porcentaje la retiene el Ministerio de Obras Públicas hasta tanto termina la obra. Como una especie de seguro para que le entreguen en condiciones. Como ya se cumplieron todas esas etapas, entonces hay que devolverle ese dinero. Eso es lo que queda con la nulidad parcial de la resolución. Ellos han planteado una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte y eso tiene su trámite.

–¿O sea, esa sentencia podría anularse si se admite la inconstitucionalidad?

–Y, si se hace lugar a la acción, se puede anular la resolución del Tribunal de Apelaciones y ahí tiene que ir a otro Tribunal de Apelaciones para que estudie el recurso que hemos planteado si es que prospera la acción. Si se rechaza, entonces ya queda firme en ese momento. O sea que solamente se deben devolver las retenciones.

–¿Hay una acción del Estado por un reclamo de unos USD 60 millones por la muerte de Joel Filártiga?

–Es un caso donde hemos planteado una acción de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria, que está pendiente de estudio de admisibilidad en la Sala Constitucional de la Corte. Es una demanda muy grande. En realidad, son abogados que compraron los derechos. Porque hubo una demanda que prosperó en los Estados Unidos.

–La acción es contra ex policías. ¿Por qué el Estado tendría que pagar?

–Porque en nuestro régimen de responsabilidad, el Estado responde subsidiariamente cuando un agente público actúa irregularmente. Pero es aberrante la falta de justificación al determinar un monto demasiado grande que no tiene precedente en el país.

–Pero ese juicio prácticamente se hizo en rebeldía.

–Sí, y luego acá le concedieron con decisiones infundadas que es lo que nosotros estamos tratando de anular. En primera y segunda instancia le dieron la razón acá. Desde que nosotros asumimos, el caso es una de nuestras prioridades. Allí creo que ya estaba por resolverse y los abogados son conocidos por plantear chicanas. Ahora plantearon una recusación contra un ministro, de manera a prolongar y nada. Nosotros estamos haciendo el seguimiento, porque sabemos a quién nos enfrentamos y no estamos dispuestos a bajar la guardia en la defensa.

–¿Y este año, qué acciones tienen pendientes?

–Hay varias. El caso Hugo Javier por ejemplo, y hay también otros en los cuales se van a iniciar acciones. Tenemos un listado de casos que le hacemos un seguimiento más intensivo. Esperamos que, con estas acciones, con estos logros, y con la realización de cursos de formación que estamos haciendo para funcionarios y abogados, estatales tengamos menos demandas contra el Estado. Que no se aventuren a demandar al Estado porque van a saber que se va a defender y que no van a prosperar acciones que no tienen fundamento en el Poder Judicial.

–¿Y los inmuebles?

–Justamente nos reunimos para planificar y al mismo tiempo seguir con el objetivo de recuperar los bienes del Estado, como la finca de Villa Hayes. Además, investigamos otras denuncias. Hicimos pedidos de informes a Registros Públicos, a Catastro y a los ministerios respectivos y ahí vemos si les corresponde a ellos, y si existe invasión.

–¿Siempre se habló que las seccionales coloradas están en tierras fiscales?

–No recibimos ninguna denuncia, pero si recibimos una, lo primero que vamos a hacer es ver a cuál inmueble se refiere y pedir informes. Ahí tiene que saltar si son bienes del Estado o del Partido Colorado.

–¿Qué más?

–Y, no provocando actos administrativos que después van a producir una demanda. En la medida que el funcionario esté mejor preparado; el abogado asesor público sepa asesorar y advertir a los ministros, creo que vamos a estar de mejor.