Con esto, sería totalmente injusto pretender igualar a los desiguales, por lo que la ley le da ciertas ventajas, que hacen que, en un proceso judicial, se puedan nivelar las desventajas. Y todo esto viene desde la propia Constitución, que reconoce esta situación y le concede varios derechos.
“Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables”, dice el artículo 86 de la Constitución.
También habla de las políticas, de la no discriminación, del trabajo de las mujeres, de los menores, hasta de las jornadas de trabajo y descanso. También apunta: “El derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites que la ley establezca, así como su derecho a la indemnización en caso de despido injustificado”.
Es que, es evidente que, si estas cuestiones no estaban en la Ley Suprema, estos derechos que fueron conseguidos con sangre por la clase trabajadora en el siglo XX, principalmente, iban a ser arrebatados por los que tienen más poder y dinero.
Igual, en los juicios laborales, por lo general, la parte empleadora alarga el caso, sumado a la mora judicial, de modo que, al final, el trabajador que se queda sin fondos para seguir la causa, es prácticamente obligado a un acuerdo, aunque este sea malo.
De todos estos derechos de los trabajadores, creo que la piedra angular es la estabilidad laboral, con lo que justifica que exista una causa por la cual se rescinde un contrato de trabajo, y que esta no sea solo por el arbitrio del empleador.
En estos días, el presidente Santiago Peña dijo que “la estabilidad laboral hoy le está condenando al trabajador paraguayo a no jubilarse”. Incluso, que señaló que había una “industria de jueces y abogados” que recomendaban a los trabajadores que busquen ser echados. Prometió llevar adelante el “mayor cambio en la historia de la ley laboral de Paraguay”.
Ante la avalancha de críticas que tuvo, bajó los decibeles de su discurso. Al final, dice que no tiene aún un proyecto, y afirma que la reforma merece un amplio debate.
La verdad que, siendo constitucional, no se puede eliminar la estabilidad laboral, aunque sí puede modificar la forma en que se entiende y el momento en el que comienza a ser efectiva. Es que, según la interpretación judicial, no pueden echar a un trabajador con estabilidad si es que no se tiene una justa causa, con lo que los empleadores temen que se llegue a los 9 años y medio.
Sin embargo, el mismo Ejecutivo también quiere modificar la Ley de la Función Pública y, en su proyecto, señala que los funcionarios del Estado tienen estabilidad desde los 4 años. En contrapartida, cuando son empleados privados, la estabilidad molesta, y quiere eliminarla.
El supuesto argumento de Peña para estos cambios es que quiere crear más empleos, su propuesta de campaña. No obstante, si se elimina o se permeabiliza la estabilidad laboral, lo que conseguirá es que las personas mayores de 45 sean despedidas sin mediar juicio de justificación y luego recontratadas eliminando su antigüedad anterior.
Pero el principal obstáculo de la propuesta es que ya conocemos la forma en que dialoga el gobierno. Supuestamente escucha, pero al final, hacen lo que quieren. Y el Congreso unicolor, usando su aplanadora, aprueba sin ningún tipo de estudio cualquier mamotreto que le envían.
No me cierro a los cambios, pero el peligro está en que los proyectos de Peña pasan como por un tubo por el Parlamento y no creo que se sienten a dialogar para buscar ventajas para las dos partes. Soy escéptico sobre esto por todos sus antecedentes. Ese es el verdadero problema de la iniciativa.
