Los casos en los que estén involucrados políticos o figuras de peso, en la mayoría se trancan por el camino o si tienen alguna definición ocurre después de un dilatado proceso porque ya no existe otra salida. Por eso, llama la atención cuando a algunos se les imprime celeridad o un tiempo prudente en la Fiscalía u otro ámbito judicial.
El fiscal general, Emiliano Rolón, al asumir su cargo el 10 de marzo del año pasado había dicho que su norte era recuperar la credibilidad e independencia. “El Paraguay precisa de una justicia eficiente y una Fiscalía de calidad”, dijo. Otro de sus objetivos era el de frenar las imputaciones “selectivas” e “infundadas”.
Sin embargo, la percepción de un doble rasero persiste, por lo cual se generan cuestionamientos sobre la equidad en el tratamiento de los casos. La imputación al ex presidente Mario Abdo Benítez y ex ministros, tras la denuncia de Horacio Cartes no deja de llamar la atención. Cinco causas tiene HC en su contra, pero ninguna de ellas avanzó. En cambio, la denuncia contra Abdo fue posterior y, sin embargo, ya cuenta con una resolución fiscal.
En contexto hay que señalar que los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron a Abdo y colaboradores tras casi ocho meses de la denuncia que presentara Cartes. Todos fueron encausados por revelación de secretos de servicio, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La incriminación refiere que “Mario Abdo Benítez habría creado conjuntamente con Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández, una agrupación destinada a filtrar informaciones obtenidas a través de la Seprelad para desacreditar políticamente al sector representado por el ex presidente, Horacio Cartes, y el actual presidente Santiago Peña”.
No obstante, hay que indicar que investigaciones abiertas contra Cartes no avanzan en la Fiscalía, como las que se inició luego de la denuncia de Arnaldo Giuzzio en enero del 2022 sobre un esquema para lavar activos presumiblemente del contrabando de cigarrillos. Es decir, ya se imputa por denuncia falsa sin que se aclare antes en una investigación inicial. También se encuentra la denuncia realizada por Efraín Alegre, del 7 de octubre del 2021, por omitir HC en sus declaraciones juradas una empresa registrada en 2011 en Panamá. Además, la causa por el avión iraní –con presuntos nexos terroristas– había llegado al aeropuerto Guaraní con el argumento de transportar cigarrillos fabricados por Tabesa. Asimismo, en marzo del año pasado se conformó un equipo de fiscales para investigar a Cartes teniendo en cuenta que Estados Unidos lo había declarado como supuesto partícipe en actos de corrupción significativos. EEUU lo acusó de obstruir una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional. También señaló su presunta participación con organizaciones terroristas extranjeras. Además, está pendiente la presunta adulteración de informes de Seprelad. En todos estos casos, no hay definición.
Rolón luego de asumir dio señales positivas de gestión que se diluyeron con los meses. Hoy es una decepción, al mostrarse también absolutamente incapaz de encontrar al o los autores morales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El fiscal general debe velar para que las pesquisas sean iguales para todos y no selectivas, aunque está dejando mucho que desear.
