A pesar de los intentos del Gobierno, los empresarios y los medios de comunicación hegemónicos de criminalizar las protestas de esta semana, cobró notoriedad la empatía ciudadana hacia las manifestaciones. Y es que el hartazgo general por la deficiente administración del país, especialmente en pandemia, lleva a dudar más bien de los intereses de los gobernantes.
Docentes, campesinos, médicos y camioneros coincidieron con sus protestas en Asunción, en medio de una campaña que los responsabilizaba de un caos en el microcentro, pero el momentáneo desorden vehicular registrado no alcanza a ser siquiera un pellizco frente a la terrible angustia de la población que ante los consecutivos errores del Gobierno, no ve horizontes. Nadie pudo sostener argumentos en contra de las reivindicaciones de los sectores movilizados que arrastran una precarización desde antes de la pandemia y como era de esperarse, con la crisis sanitaria su situación solo empeoró.
Los docentes que tras movilizaciones de años anteriores habían conseguido la aprobación de un reajuste salarial del 16% para este 2021, veían una amenaza para su cumplimiento en la Cámara de Diputados, pero nuevamente agitaron en las calles sus banderas sindicales y lograron ser escuchados. Finalmente fueron excluidos del proyecto de ley que prohíbe aumentos salariales en este segundo año pandemia. El gremio de médicos también obtuvo un acuerdo para la equiparación salarial de alrededor de 2.500 profesionales de la salud que trabajan las mismas horas que sus compañeros y sin embargo perciben un salario inferior.
Los camioneros y campesinos son los sectores que más detractores tienen a cuestas. Sus realidades se presentan como incomprensibles para una ciudad cuya lógica se mueve en torno al trabajo asalariado, independientemente a que exista explotación, informalidad y que igualmente se violen los derechos laborales.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl primer grupo permanece movilizado desde hace más de una semana, periodo en el que lamentablemente se registraron incidentes que los detractores utilizaron para desacreditar toda la protesta. Fue blanco de ataques de discursos simultáneos desde varios frentes pero con un mismo origen; un empresariado organizado que no duda en exponer todo su poderío.
Hasta los datos oficiales están del lado de los transportistas. El BCP por ejemplo presenta la solvencia del sector agroexportador, que en el primer semestre tuvo los mejores precios por la exportación de soja con USD 444,6 por tonelada, la cifra más alta después del 2014. En cambio el pago a los camioneros fue disminuyendo en la proporción que permite la “Ley de mercado”, un principio económico que se va debilitando ante las evidencias que demuestran distorsiones que surgen a partir de los monopolios y que impactan en los sectores más frágiles de la cadena. La propia Dinatrán establece un precio sin beneficios de G. 447,1 por kilogramo por kilómetro, pero al no ser obligatoria, los clientes de los transportes carga no se molestan en cumplir. Con el decreto del Ejecutivo que crea el comité técnico, los camioneros avizoran un avance, pero permanecen en alerta por si se trate de una trampa que pretenda desmovilizarlos con las manos vacías.
Hablar del sector campesino, significa reconocer primeramente una deuda histórica del Estado. Un grupo importante de productores decidió trasladarse a la capital para exigir el cumplimiento de un acuerdo firmado con autoridades hace casi un año. El único avance fue una ley que otorgó recursos al MAG por USD 25 millones para transferencias y otros mecanismos de asistencia. A pesar de que la institución realizó algunos desembolsos, los recursos no llegaron a todos y los agricultores plantean dudas acerca de su destino.
El que obliga a salir a las calles es el propio Gobierno que ignoró por tanto tiempo esta serie de reivindicaciones, una estrategia que invita a las movilizaciones como resultado de una reflexión sobre, ¿qué más podemos perder?
