“Cuando un funcionario público se corrompe, destruye a la sociedad”

Liz Analía Acosta
@lizanaliapy

Ser funcionario público es servir a la sociedad, expresó el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad de Anticorrupción, quien llevó a los estrados judiciales a muchos políticos y autoridades que cometieron hechos de corrupción. También detalló que para el ciudadano, una justicia tardía muchas veces es sinónimo de impunidad, por lo que se debe dinamizar y descomprimir el sistema.

–En el 2024, Paraguay seguía como segundo país más corrupto de Sudamérica, ¿cuál es el desafío para investigar hechos de corrupción?

–Indudablemente, siempre es un desafío, para nosotros, y principalmente para esta unidad especializada en que históricamente existieron muchas victorias en la lucha contra la corrupción. Es algo que nunca termina. Las estadísticas son proyecciones que se deben hacer necesariamente para ver cómo está el índice.

Desde luego, siempre es un desafío seguir luchando. Ahora, ¿qué enfoque puede establecer la Unidad Anticorrupción en cuanto a la lucha contra la corrupción? Nosotros tenemos que siempre constantemente perfeccionarnos, ayornarnos a los nuevos tiempos.

Hoy en día los hechos punibles de corrupción únicamente se descubren a través de las flagrancias, cuando la persona pide la coima y cada vez la Unidad Especializada debe estar preparada para captar y aprehender a esta clase de delincuente. Aparte de la capacitación constante, se necesita el apoyo de la tecnología, porque sabemos que vivimos en tiempos en que la tecnología crece a pasos agigantados.

–Qué efectos deja la corrupción?

–La corrupción, el efecto que deja es terrible, es por eso que los que nos dedicamos a la administración de la Justicia penal buscamos la protección de bienes jurídicos. La corrupción del bien jurídico es la probidad del funcionario público, porque el funcionario público tiene un salario fijo para que tenga esa tranquilidad y que haga su un servicio a los demás.

Entonces, cuando ese funcionario público se corrompe, destruye a la sociedad, es demasiado grave.

La ciudadanía ve al funcionario público como una clase privilegiada, no porque sea corrupto, sino que recibe un salario seguro, digámosle, pero cuando uno nota que existe en esa corrupción, entonces existe un descrédito y el ciudadano dice: “entonces, ¿yo para qué pago mis impuestos?, ¿para qué me voy a una elección y elijo, si siempre va a ser así?

Cuando ocurre un caso de corrupción, y esto es una política de la unidad especializada, principalmente cuando también caen en corrupción gente de esta misma institución, de ser duros, para darles un mensaje de que estas cosas no pueden pasar.

A lo largo de mi experiencia cayeron muchas personas, hubo muchas autoridades que fueron procesadas a lo largo del tiempo y se sigue corrompiendo. Sigue pasando porque esto ya es una cuestión de valores. La corrupción tiene mucho que ver con el resquebrajamiento de los valores, con la relativización de lo que realmente es más importante, que lo importante es ser útil con mi trabajo honesto a la sociedad.

Es útil hacer lo que corresponda, porque soy ayuda a los demás. Muchas veces, esa relativización de valores es lo que pasa cuando dice: “Es mi oportunidad, no tengo que ser vyro”, de que el acceder a un cargo público es la oportunidad de mejorar la vida y poder enriquecerse.

La función pública es un servicio. Ninguna persona salvo que haya sido herencia o en la parte anterior estaba trabajando y haya tenido un buen vivir, ninguna persona puede enriquecerse. La persona que ingresó a la función pública y tuvo un acrecentamiento económicamente desmedido, es porque algo está fallando.

–Hablaste de una política de ser duros, ¿qué más busca el Ministerio Público?

–En primer lugar, el ejemplo que se quiere dar a la sociedad de que sea quien sea, cuando un funcionario público comete un acto de corrupción, entonces debe ser duramente castigado, y por otro lado, la sociedad no solamente espera que esa persona cumpla una sanción, sino que se devuelva lo robado, que se recupere.

–Qué falta en el sistema de Justicia para ser aliados contra la corrupción?

– Un problema. Nosotros debemos buscar mecanismos para dinamizar más la Justicia, porque por un lado tenemos las garantías; todo ciudadano tiene el derecho a ejercer su defensa y eso la Constitución lo defiende; pero, por otro lado, también los procesos deben ser más dinámicos.

Cuando la Justicia no es pronta, entonces el ciudadano no ve que se castigó realmente un proceso de corrupción, porque dura 4 o 5 años un proceso y al ver una condena, otra vez se apela y eso lleva mucho tiempo y a veces da una imagen de impunidad.

Lo que está faltando y que ahora se está intentando, es buscar también descomprimir el sistema penal y buscar fundamentalmente que casos que realmente no ameritan que sean llevados a juicio, ya sean resuelto por otras instancias.

Hoy en día los procesos penales están abarrotados. Creo que el robo de gallina, la pelea con el vecino son cosas que los Juzgados de Garantías ahí ya deben de establecer sanciones y deben ser descomprimir.

–En una lesión de confianza, se habla de intencionalidad, ¿cómo se prueba eso?

–La lesión de confianza es un hecho punible que nosotros a nivel unidad especializada lo tenemos en la parte de Delitos Económicos, pero la corrupción engloba mucho... Todo ilícito que realice un funcionario público se interpreta como un acto de corrupción.

El Ministerio Público debe demostrar que efectivamente en esa persona cometió el delito y buscar técnicas de investigación a efectos de demostrar.

Es un trabajo muy complejo... Muchas veces los tiempos son muy lentos, ese es un inconveniente; uno el tiempo y, otro, saber diferenciar qué es un delito penal y qué es falta administrativa; los grados de sanción son diferentes.

Tuvimos casos notorios donde a lo mejor existe una falta administrativa, pero la Fiscalía no encuentra un delito, y tiene esa obligación de desestimar la causa. Entonces, el ciudadano toma que se quiere generar impunidad y no sabe realmente el complejo proceso de administración en un hecho de lesión de confianza.

Otro problema es cuando la clase política busca instrumentar sus luchas, en donde, cuando hace la denuncia, realmente no tiene intención de justicia, sino de perjudicar al oponente político. Y si ese agente político que no consiguió su objetivo hace un reclamo mediático, haciendo notar de que se trataría de impunidad.

Entonces, que órganos de control determinen y vamos a saber si estamos en el camino correcto porque nadie está por encima de la ley.

El que cometió un ilícito, sea una persona poderosa o no, debe pagar, pero así también no se le puede por rivalidades castigar a una persona inocente, ese no es el fin de la Justicia.