Los subsidios estatales como Pytyvõ, Ñangareko y las transferencias a través del Instituto de Previsión Social para trabajadores y trabajadoras cesantes se implementaron para compensar la falta de instrumentos, como el seguro de empleo, para apoyar a la población afectada, pero estos desembolsos no alcanzan a todos los paraguayos perjudicados y tampoco para cubrir todas las necesidades de las personas seleccionadas.
¿CÓMO CUIDAR DE NUESTROS ENFERMOS EN ESTE CONTEXTO? El negocio de los sanatorios privados se sustenta con la decadencia de los hospitales públicos. Se estima que un paciente con Covid-19 puede permanecer en promedio 15 días en terapia, lo que implica pagar en los privados alrededor de G. 25 millones diariamente.
En total representan G. 375 millones, cifra que implica para la clase trabajadora recurrir a las redes de solidaridad, que se traducen en organizaciones de polladas y hamburgueseadas, que se realizan sin parar en los barrios y comunidades, mientras que el presidente Mario Abdo sigue resguardado en su guarida
Para cubrir los gastos se necesitan vender más de 37.000 hamburguesas distribuidas en 75 actividades, de colocarse 500 adhesiones en cada una. Este tipo de recaudación no solo se hace insostenible en medio de actividades similares en simultáneo, sino que además la salud no debería depender de la voluntad y capacidad económica de los buenos vecinos y vecinas, es responsabilidad del Estado.
Si bien en esta situación de colapso del sistema sanitario el Gobierno deriva algunos casos al sector privado y se encarga del presupuesto, aún quedan gastos relacionados con el paciente que las familias deben cubrir. Lo mismo ocurre en los hospitales públicos, donde los familiares de pacientes imploran por medicamentos, entendiendo que para el efecto el Estado asumió millonarias deudas que todos debemos pagar.
Esta crisis sanitaria golpea de manera desigual también a los pobladores del interior del país, que al no encontrar asistencia en sus comunidades deben trasladarse como de costumbre a centros de atención de Asunción y Central e instalarse en los alrededores mientras consiguen una cama para sus enfermos. Se trata de un abandono histórico del Estado, capturado por el Partido Colorado, que obliga a familias al desarraigo en busca no solo de salud, sino también de educación y trabajo, entre otros derechos.
REDES SOLIDARIAS. Apenas el Gobierno empezó a digerir la idea de enfrentar una pandemia, se registraron las primeras muestras de las redes de solidaridad, especialmente con las ollas populares en los bañados, donde las autoridades habían respondido a los cacerolazos con silencio.
Tanto fue el impacto de estas organizaciones comunitarias que hasta el propio Gobierno hizo “donaciones”, admitiendo así su incapacidad para garantizar la seguridad alimentaria de uno de los sectores urbanos más vulnerables del país.
Las ollas populares cumplieron un año de autogestión, supliendo la ausencia estatal para alimentar a las comunidades bañadenses, su experiencia se extendió y sirvió de base para la conformación de otras redes de solidaridad, como es la organización en unidades de familia para la elaboración de alimentos destinados a familiares de pacientes que acampan en vilo en las afueras de los hospitales. Son ejemplos de organización y de comunidad empujados por el deseo del bien común ante un abandono estatal.
