Sentís el arraigo a la ciudad que migraste hasta que entrás y recordás la serie de condiciones para habitar un espacio por el cual pagás un gran porcentaje de tu salario y que al año siguiente puede inflarse hasta obligarte a buscar sin éxito otro sitio que se ajuste más a la realidad socioeconómica. Es difícil llamarlo hogar cuando no podés tomar sobre él decisiones, en cambio los propietarios te obligan a un estilo de vida ajeno a tu voluntad.
Está prohibido tener bicicleta, hijos y mascotas, prohibido el ingreso de otras personas, tener plantas y subir a la terraza para ver el arcoíris, prohibido hacer modificaciones o no te devuelven la garantía (que igualmente no reembolsan). Mientras tanto la humedad atraviesa las paredes, el sistema eléctrico te lanza amenazas periodicamente, las ventanas a punto de caer y el inodoro descansa bajo la ducha.
¿Quién vela por los derechos a vivir dignamente? Los municipios solo se encargan de cobrar las tasas cuando se levantan construcciones, así como los impuestos inmobiliarios, no se preocupan por las condiciones de vivienda de sus habitantes porque no existe una ley que los obliguen a dar garantías al respecto. Un colectivo trabaja en un proyecto de ley para regular los precios de los alquileres, pero además tiene una mirada integral sobre la vida en la ciudad.
De acuerdo a los datos que maneja el grupo, en Asunción hay 220.000 m2 en viviendas abandonadas, deshabitadas o subutilizadas, ya sean casas o departamentos. En este último caso, lanza un promedio de más G. 10 millones anuales para una pieza con baño privado, sala y cocina, que representan mensualmente unos G. 950.000, precio al que se llega tras una larga búsqueda.
Ahora, con las restricciones sanitarias que golpean en primera línea a los cuentapropistas, trabajadores independientes e informales, el Gobierno establece que hasta junio se prohíben los desalojos por falta de pago, siempre y cuando se cumpla con al menos el 40% del importe. Pero el resto deberá saldarse en un plazo de seis meses.
Es una medida que obligará a los arrendatarios a entrar en deudas sin la certeza de poder asumirlas en medio de suspensiones de contratos laborales como efecto de la pandemia, situación que llama a una serie de cambios, siendo la cuestión habitacional una de ellas.
El teórico David Harvey critica justamente cómo se la urbanización fue creciendo fugazmente y que la construcción se fue convirtiendo erróneamente en un sinónimo de desarrollo, pues no puede ser vista como tal cuando está desvinculada de los derechos humanos y se centra únicamente en el derecho a la propiedad privada.
Sostiene que los habitantes deben ser partícipes de las decisiones sobre su transformación, ya que el tipo de ciudad que queremos no puede separarse de los lazos sociales, las relaciones con la naturaleza, del estilo de vida, de la tecnología y hasta los valores estéticos que preferimos. Explica su importancia desde el momento en que inevitablemente nos transformamos simultáneamente con la ciudad y cómo deseamos que esto suceda.
La campaña por la Ley de Alquileres toma el aspecto habitacional sobre el derecho a la ciudad que plantea Harvey. El proyecto aún no está listo, pero tal vez sea tiempo de reabrir el debate y pensar con los sectores más vulnerables, de las zonas ribereñas, cuál es la ciudad que queremos.
