En la oficina del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se realizó la reunión con el titular de la SAS y los dirigentes Rodrigo Rojas y Guido Coronel para seguir con los pasos que lleven al cumplimiento del acuerdo con la Defensoría del Pueblo, mediante el cual los ocupantes del Cuartel de la Victoria, unas 1.200 familias, aceptan despejar ese sitio y los organismos del Estado a gestionar el terreno propio exigido por los invasores.
Héctor Cárdenas, ministro de la SAS, indicó que en Villeta, Itauguá y Tobatí están los inmuebles que tienen dimensiones suficientes para poder albergar a las familias que se ubicaron en el Cuartel de la Victoria, en San Lorenzo.
Acotó que algunos de esos terrenos fueron adquiridos en gobiernos anteriores y que todavía no fueron utilizados para crear territorios sociales.
El ministro Cárdenas indicó que informaron a los dirigentes de los sintechos que se empezó a hacer una revisión de la lista de los más de 1.200 ocupantes y encontraron que “a algunas personas no les corresponde ser beneficiadas por el programa social de la SAS”. Acotó, inclusive, que algunas de esas personas ya están en asentamientos de la SAS.
“Los dirigentes admitieron que pueden darse esos casos y ellos mismos van a hacer un proceso de revisión en la lista de las familias”, apuntó el funcionario.
El titular de la SAS precisó a ÚH que de una revisión de 243 nombres encontraron una lista preliminar de 14 personas que no pueden acceder al programa social de tierra y vivienda.
El dirigente Rodrigo Rojas expresó que si existen casos de personas que no corresponden estar en el programa de territorio social de la SAS “es una cantidad muy pequeña”. Indicó, además, que verificarán los sitios ofrecidos para luego definir dónde se trasladarán provisoriamente las familias situadas en el Cuartel de la Victoria.
Vamos a invitarles a que salgan las personas que tienen ingresos, que no necesitan una vivienda. Rodrigo Rojas, dirigente.
La investigación fiscal continuará
El fiscal Néstor Cañete expresó ayer que la investigación por invasión de inmueble iniciada luego de la ocupación del predio del Cuartel
de la Victoria seguirá avanzando, ya que en la unidad fiscal se considera que en ese caso se dieron conductas que deben ser determinadas y sancionadas.
La intervención del Ministerio Público se dio a partir de la ocupación del inmueble boscoso del Cuartel de la Victoria que se produjo el 23 de marzo. El defensor del Pueblo intermedió en el caso, y logró que se establezca un compromisos de los dirigentes y los ocupantes de abandonar el sitio.
