Las detenciones fueron anunciadas esta madrugada por la Policía y se llevaron a cabo en un operativo cerca de la residencia de Moïse, que también permitió la puesta en libertad de tres policías que habían sido secuestrados.
El presidente de Haití fue asesinado este miércoles durante la incursión del citado comando en su residencia privada en Puerto Príncipe, un magnicidio que ha desestabilizado la ya frágil situación política del país caribeño.
El primer ministro interino, Claude Joseph, asumió el poder tras la muerte de Moïse, declaró el estado de sitio durante 15 días y garantizó que la situación del país está “bajo control”, para lo que ordenó desplegar a la Policía y a las Fuerzas Armadas, que lograron interceptar a varios de los asaltantes.
El asesinato se produjo a poco más de dos meses de la fecha prevista de las elecciones presidenciales y legislativas, el 26 de setiembre, en momentos en los que el Parlamento lleva año y medio clausurado y la cúpula del Poder Judicial tampoco está plenamente operativa.
Un asalto de película
El asalto se produjo de madrugada, en Pelerin, un exclusivo sector de mansiones situado en un cerro en la parte más elevada de Puerto Príncipe y que siempre suele estar fuertemente custodiado por las fuerzas de seguridad de la Presidencia.
Un grupo indeterminado de hombres armados con fusiles, que hablaban en inglés y español, según la versión de las autoridades, accedió a la residencia oficial, asesinó a Moïse a tiros e hirió gravemente a su mujer, Martine, quien fue trasladada en un avión ambulancia a Miami, Estados Unidos.
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Los numerosos casquillos esparcidos en el asfalto frente a la residencia y los impactos de bala en las paredes y en los vehículos aparcados en el lugar son muestras visibles de la violencia del asalto, del que apenas se conocen datos.
Las autoridades no han informado del número de víctimas mortales en el asalto ni han ofrecido más informaciones sobre los asesinos, cuyas identidades y paraderos son desconocidos.
Los dos hijos de Moïse, un varón y una mujer, fueron llevados a lugares seguros, según informó el embajador haitiano en Santo Domingo, Smith Augustin.
Estado de sitio
El Gobierno haitiano cerró inmediatamente el aeropuerto de Puerto Príncipe y declaró un duelo nacional y el estado de sitio, ambos por un plazo de 15 días.
Bajo el paraguas del estado de sitio, se ha movilizado a todas las tropas de la Policía y el Ejército y se ha anunciado que se prohibirá cualquier reunión que pueda “alentar el desorden” en el país, según figura en el primer decreto firmado por el primer ministro interino.
Joseph pasó en menos de 48 horas de estar a punto de ser relevado del cargo a concentrar en sus manos todo el poder en Haití, puesto que el pasado lunes, en un intento de acercarse a sectores de la oposición, Moïse nombró nuevo primer ministro al doctor Ariel Henry, que no ha llegado a ser investido en el cargo.
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En su primera declaración, el jefe de Gobierno pidió a toda la oposición que condene el magnicidio y sumarse a la labor de “dar continuidad al Estado”.
Una crisis creciente
La gran mayoría de la oposición respondió a ese llamamiento con una condena vehemente del asesinato, incluyendo a sectores de la izquierda que han alimentado las persistentes protestas que hicieron tambalearse al Gobierno de Moïse en varias ocasiones en los últimos tres años.
Entre ellos se encontraba también el Sector Democrático y Popular, plataforma de izquierdas que llegó a nombrar a un presidente interino el pasado 7 de febrero, día en el que consideran que terminó el mandato de Moïse y a partir del cual, a su entender, pasó a usurpar el poder.
La presente crisis haitiana se desató a mediados de 2018 por denuncias de corrupción contra Moise, un productor de banano que alcanzó la Presidencia aupado por la popularidad de su predecesor, el ex presidente y cantante Michel Martelly.
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Desde entonces, no ha hecho más que agravarse, con episodios virulentos como la denuncia que hizo Moïse el pasado 7 de febrero, afirmando que la oposición tramaba un plan para asesinarle, similar al que se llevó a cabo este 7 de julio.
Los planes de Moïse de aprobar una nueva Constitución, a través de un referéndum aplazado dos veces y ahora convocado para el mismo día de las elecciones, el 26 de setiembre, siguió tensando la situación en los últimos meses.
La violencia de las pandillas, desbocada desde comienzos de junio, ha sido el último capítulo antes de desembocar en el asesinato del jefe de Estado.
Condena internacional
La condena internacional al magnicidio ha sido unánime, mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a realizar una “rápida investigación internacional” para llevar a los responsables a la Justicia.
La última en producirse, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en San José, que expresó sus condolencias al Estado de Haití.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este jueves a puerta cerrada para abordar la situación en Haití, después de que el secretario general, António Guterres, llamara a todos los haitianos a preservar el orden constitucional y a unirse contra la violencia.
República Dominicana, país que comparte isla con Haití, también condenó el asesinato y reaccionó cerrando su frontera terrestre y prohibiendo todos los vuelos, menos aquellos destinados a evacuar al personal diplomático nacional o extranjero, así como a los ciudadanos dominicanos en el país vecino.
