Varias de las areneras que fueron objeto de demandas y reclamos por parte de la Itaipú Binacional durante el periodo de gobierno de Fernando Lugo lograron posteriormente permisos de la binacional en la era de gobierno de Horacio Cartes, con James Spalding como director paraguayo y la venia del director brasileño Jorge Samek.
Un ejemplo es el caso de la empresa BM Distribuidora, cuyo propietario es Arlindo Montanía, estaría vinculada también al negocio del contrabando, según la investigación que llevó adelante la Unidad Interinstitucional de Prevención y Lucha al Contrabando (UIC).
Ya en el año 2013, el Senado pidió informes respecto a la situación de estas areneras que habían sido cuestionadas y demandadas en la era Lugo, y en la respuesta, el Ministerio de Defensa indicó que la empresa BM Distribuidora SA, cuyos propietarios Lorenzo Fleitas, de nacionalidad paraguaya; Arlindo Montanía y Marcelo Caetano Cavalieri, de nacionalidad brasileña, realizaban trabajos en el área de la franja de protección de Itaipú que le fue cedida a la Armada Paraguaya.
En los informes de la Dirección Jurídica de Itaipú, Lorenzo Fleitas figura como propietario de la arenera Tape Porã, que pese a las acciones en su contra de la binacional en la era Lugo, había logrado medidas judiciales para seguir operando.
Otra arenera que siguió esta misma línea fue Yogapó SRL, de Félix Paniagua, hermano del entonces intendente de Salto del Guairá, Eduardo Paniagua.
CONTRABANDO. El trabajo realizado por la UIC, que derivó en una serie de allanamientos a puertos clandestinos en la franja de protección de Itaipú en diciembre del año pasado, corroboró el contrabando de millones de cigarrillos de la marca que produce la empresa tabacalera del ex presidente Horacio Cartes.
Uno de estos puertos fue bautizado Arlindo Montanía, nombre de uno de los propietarios brasileños de la empresa BM Distribuidora SA.
La denuncia concreta realizada por la UIC a la Fiscalía señala que este puerto pertenece a Montanía y que allí operaban unas 15 personas con embarcaciones que utilizaban motores de 200 HP y que, incluso, el trabajo de inteligencia divisó a un personal militar vestido de civil en el lugar.
CONTRATO. Los datos de vinculación de esta empresa con el contrabando hicieron que el Senado pida informes a Itaipú con respecto al vínculo de dicha firma, y la respuesta fue que se firmó un contrato de arrendamiento el 18 de junio de 2015, por un total de cinco años (vence en el 2020).
El contrato dice que la empresa tiene derecho a utilizar una superficie de 404 metros cuadrados y 8.527 centímetros cuadrados dentro de la franja de protección de Itaipú en la zona de Salto del Guairá para puerto de desembarque de arena e instalación de tuberías por el monto de G. 3.643.680 mensuales.
LOS NARCOSOJALES DE ITAIPÚ: NEGOCIADO Y DESTIERRO BINACIONAL (LXIV)
