En medio de la crisis por la falta de transporte público, por las reguladas o el mal servicio brindado por las empresas, legisladores cuestionaron la administración poco clara del subsidio otorgado a los empresarios para cubrir los costos del pasaje. Por un lado, el senador Enrique Salyn Buzarquis, titular de la Comisión de Obras y Comunicaciones de la Cámara Alta, dijo que “no hay transparencia” en el subsidio.
“Estoy convencido de que si cobran por una flota de 100 colectivos, realmente trabajan 50. Entonces, ahí hay una gran corrupción con el tema del subsidio”, subrayó. Añadió que el Estado debería recuperar el dinero del subsidio y con esos recursos hacer un contrato con las empresas que fabrican buses eléctricos para adquirir 2.000 unidades de transporte público.
“En vez de subsidiar, el Estado tiene que invertir en comprar buses eléctricos y crear estaciones de recarga. Estoy dando líneas generales, porque hay que hacer planes, números y cálculos”, precisó.
Por su parte, la diputada Kattya González, vicepresidenta de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara Baja, señaló que se debe eliminar el subsidio, aunque aclaró que el debate en torno al transporte público no se agota en ese tema.
“Creo que el problema no se responde ‘sí’ o ‘no’ al subsidio del transporte. Me parece que es abordar una problemática de una manera demasiado simple, simplista. En este momento por supuesto que los G. 805.000 millones que han alimentado a estos empresarios corruptos, facinerosos, que tienen sus claros vasos comunicantes con el poder político y el poder fáctico, no corresponde seguir dando”, declaró.
Números. Según un informe de la Contraloría, el subsidio que viene pagando el Estado aumenta año a año. Así, en el 2020 se abonaron USD 10 millones; en el 2021, USD 21 millones; y hasta setiembre del año pasado se habían pagado USD 33,6 millones.
Sin embargo, los datos no son claros, desde Hacienda no respondieron a las consultas sobre los desembolsos y señalaron que la tarea de divulgar la información es del Viceministerio de Transporte, mientras que desde esta institución argumentaron que el viceministro Víctor Sánchez no tenía tiempo para responder en estos días.
Buzarquis también acusó que el subsidio no se elimina porque es un negociado, y los “empresaurios” del transporte público ganan mucho dinero. “Cuando empezamos a analizar, los empresarios, no digo todos, se quedaron con los mejores itinerarios y las avenidas más circuladas del Paraguay, en este caso de Asunción y Gran Asunción, sin haberse licitado nada”, cuestionó el parlamentario.
A su turno, González insistió en que lo que corresponde “es una suspensión del subsidio, hasta que exista el sistema de monitoreo del billetaje electrónico, por el cual ya se pagaron USD 4 millones”. “Ya no nos podemos resignar a seguir entregando subsidios sin que exista una contrapartida”, expresó.
Las cifras
36 millones de dólares es lo que pagó el Estado por subsidio a los transportistas el año pasado, según datos no oficiales.
3,5 millones al mes es el promedio mensual de pagos este año, con lo cual se pagarían los USD 40 millones en total.
