Varios abogados ven graves deficiencias en la propuesta de ley del diputado Yamil Esgaib, que busca la devolución premiada, es decir, reducir las penas a corruptos que devuelvan lo robado. La medida tiene media sanción y esta semana podría tratarse en el Senado.
Para el abogado penalista, José Casañas Levi, el proyecto presentado tiene varias deficiencias en cuanto a la técnica legislativa.
De acuerdo con el análisis, detallado en su cuenta, Casañas considera que existen tres defectos claves que hacen impracticable la iniciativa de Esgaib y que colisionan tanto con las normas vigentes y también con convenios firmados por el Paraguay.
“Es importante darse cuenta de que el proyecto planteado que modifica el artículo 67 y que tiene media sanción en diputados, tiene tres problemas importantes. El primero de los problemas es sistemático. En nuestro sistema penal, el artículo 67 está previsto cuando un tipo penal se remita a él y ahí el juez puede aplicar. No es que ahí se pueden poner ese tipo de atenuaciones específicas”, señaló. “En segundo lugar, viola el principio de igualdad porque solamente beneficiaría a funcionarios que cometan delitos contra el erario público”, explicó.
Asimismo, consideró como “una redundancia con el artículo 64, inciso diez porque en ese artículo se establece como una circunstancia a ser considerada en la pena cuando la persona, luego de cometer el hecho, hace un esfuerzo por reparar el daño que hizo”.
Finalizó diciendo que por estas consideraciones rechaza el polémico proyecto que el diputado Esgaib defiende a capa y espada y cree que no buscará desalentar los actos de corrupción.
acuerdos internacionales. El abogado, que además es profesor de Derecho Penal, recordó que si la iniciativa que ya tiene media sanción, logra ser sancionada y luego promulgada, el Paraguay iría en contra de convenios suscritos internacionalmente.
En este sentido, cabe mencionar la de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), aprobada en 1996 en Caracas, Venezuela. A partir de 2002, “el Comité de Expertos aprueba un informe sobre Paraguay, y a partir de ese momento la CICC se introduce como referencia obligada en el debate sobre la lucha contra la corrupción”, destaca.
Luego, en 2003 la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción el cual “…constituye un instrumento que refleja a nivel mundial para afrontar el problema de la Corrupción. Propone medidas preventivas y penales, específicamente la extradición y restitución de activos”.
También fue consultado el abogado Guillermo Ferreiro quien tildó de “pésima”, la iniciativa de Esgaib.
“Privilegia a quien roba al Estado a otras instituciones u otras personas. Además habla solo de los funcionarios. Es decir, si un funcionario y yo nos asociamos para crear un perjuicio al Estado, él tiene reducción de penas, pero no yo”, dijo. “No tiene en cuenta todo el sistema de admisión de penas. Es pésimo, y es una vergüenza que se haya votado esa ley”, cuestionó.
Cabe recordar que también la ex ministra de Justicia, Cecilia Pérez, también desarmó punto por punto la iniciativa que ya cuenta con media sanción. Dijo que si el objetivo es atenuar las penas, la intención de “reparar el daño” no es el único ni el más importante de los aspectos que ya tiene en cuenta el Código Penal.
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados, constituida en sesión extraordinaria, dio aprobación al proyecto de ley Que modifica el artículo 67 de la Ley N° 1160/97-Código Penal, más conocida como de devolución premiada.
Esta propuesta fue presentada por el diputado Esgaib, quien explicó brevemente que la iniciativa fue ampliamente debatida en los estamentos respectivos, lográndose un acuerdo para impulsar el visto bueno.
Significó que la idea consiste en incorporar al ordenamiento jurídico de nuestro país la figura de la “devolución premiada”.
El proyectista había explicado anteriormente, que la gente que devuelve el dinero robado, ahora va a tener posibilidad, por ejemplo, si le toca una condena de 10 años, de reducir hasta el 50% la pena si hace la devolución.
Sin debate. En la última sesión de la Cámara Baja, la cual se llevó a cabo con un ajustado cuórum además de la ley de Superintendencia, los cartistas privilegiaron el proyecto de Esgaib que ni siquiera tenía dictamen a favor de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Fueron 42 los diputados que permitieron que el proyecto cobre vida.
Temor de impunidad. Las sospechas que rodean al proyecto tiene que ver que los cartistas y aliados buscan una ley que sirva de escudo a los corruptos ante la justicia y que, por ejemplo, pueda usarse como salvavidas al ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Ñoño Núñez, quien fue sentenciado a cumplir 11 años de prisión, por el desvío de unos G.51 mil millones.
En un caso que se desprende del mismo, también está investigado el diputado Rubén Rousillón, quien pidió semanas atrás su desafuero y le fue otorgado rápidamente por la Cámara. Antes, la Justicia había enviado un oficio a la Cámara pidiendo el desafuero. Se sospecha que a raíz de que el diputado pasó al cartismo y, como muestra de lealtad ya votó por la aprobación de la ley, puede que le tiendan una mano.
