En el 2005, Itaipú había financiado la reconstrucción y mantenimiento del Colegio Nacional de la Capital (CNC), luego de que el techo de un aula colapsara. En aquel momento, los alumnos celebramos la acción de la binacional, por la urgencia del momento y por ser una novedad; sin pensar tanto en el verdadero responsable de la desidia: el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Así, durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, se empezó a abrir la canilla a inversiones que no estaban contempladas taxativamente en los Tratados de Itaipú y Yacyretá, dado que los instrumentos solo fijan encarar planes sociales en las áreas afectadas por la construcción de las centrales, con el fin de resarcir a las poblaciones que perdieron sus patrimonios, caminos y su circuito comercial.
Sin embargo, comenzaron a proliferar las construcciones de escuelas, hospitales, centros de entretenimiento y demás iniciativas en otros puntos que no sufrieron un perjuicio directo por las edificaciones binacionales.
Lo más irónico de la cuestión es que Yacyretá tenía que haber repuesto hace mucho tiempo las vías férreas inundadas en Encarnación y hasta la fecha esto no se concretó.
Los gobiernos de Fernando Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes tampoco escatimaron en el financiamiento de los emprendimientos sociales; por el contrario, terminaron afianzando el concepto de la mentada responsabilidad social empresarial (RSE), para blindar estas inversiones, lejos del alcance de los controles.
PROBLEMA TRANSVERSAL. El problema de los gastos sociales es complejo, va más allá de la discusión entre los técnicos puristas, quienes aseguran que Itaipú y Yacyretá solo deben producir energía; y los benefactores (autoridades de turno), quienes afirman que se debe brindar asistencia a toda la población.
En primer lugar, todo costo social está incluido en la tarifa de venta de energía de las hidroeléctricas; es decir, a medida que se presupuesten más obras de esta clase, el precio de la electricidad para la ANDE seguirá alto. Por ende, son los usuarios finales los que terminan financiando las nuevas escuelas, carreteras, puentes, mercados, etc., por más de que solo se ponga en la placa a referentes de un partido.
Para colmo, la ANDE (siendo propietaria de las hidroeléctricas) ni siquiera recibe una significativa transferencia de recursos, que podría usar para mejorar su servicio.
En segundo lugar, las licitaciones de Itaipú y Yacyretá no se guían por la Ley de Contrataciones Públicas y tienen sus propios sistemas. En el pasado, tampoco se permitió que la Contraloría realizara la auditoría de los procesos. Estos factores abren la puerta a una inmensa discrecionalidad y despilfarro para beneficio de pocos.
En tercer lugar, los municipios y gobernaciones ya están recibiendo millonarios montos al año para encargarse de las obras sociales. Solamente Itaipú da USD 360 millones anuales al Fonacide, fondo exclusivo para iniciativas de infraestructura, educativas y científicas. Además, proporciona más de USD 200 millones en royalties. Yacyretá también aporta lo suyo, aunque esporádicamente. La pregunta es: ¿Adónde va esa plata?
Recursos para hacer emprendimientos sociales no faltan y nunca faltaron. La pésima calidad del gasto y la nula transparencia son los males endémicos de nuestro Estado. Las binacionales no deben ser botín político ni disfrazar obras de beneficencia para ganar votos. Esos emprendimientos finalmente los pagamos todos.