Se repite cíclicamente con cada gobierno, sin que cambien mucho las recomendaciones sobre los puntos que deben ser mejorados.
El problema es por qué estamos tan anestesiados que no hacemos algo, como sociedad, para cambiar la situación.
De acuerdo con los datos del BID, se derrochan recursos por un monto equivalente al 3,9% del producto interno bruto (PIB), alrededor de USD 1.560 millones, aproximadamente. Una cifra demasiado importante como para que pase desapercibida.
¿Se imaginan todas las cosas que podrían hacerse con USD 1.560 millones? Cuántos medicamentos podrían financiar o cuántas rutas de todo tiempo, por citar solo dos ejemplos.
Son tres puntos los que inciden en el derroche, según el BID: El mal gasto en compras públicas, el mal gasto en remuneraciones a empleados públicos y la transferencia de subsidios y ayudas sociales mal enfocadas.
Con relación a las compras públicas, el organismo identificó problemas en las licitaciones a raíz de ineficiencias en la selección de proyectos de inversión adecuados.
También refiere que se transfiere dinero por subsidios a personas que realmente no son las más necesitadas.
Hasta parece increíble que, a pesar de haberse aprobado un sinfín de leyes que buscan mejorar el gasto público, existan trampas legales que permiten eludir los controles.
El Estado continúa gastando mal, comprando de amigos, sin considerar un mínimo beneficio para los contribuyentes.
¿Cómo es posible que ningún Gobierno hasta ahora haya podido mejorar el gasto público, ya sea a través de las compras estatales o el gasto salarial?
El informe del BID identifica también como problema en las compras públicas a la corrupción.
Eso significa que el problema se origina ya en el diseño de los proyectos y termina con adjudicaciones que no benefician a la población.
Cuando se decidió entregar recursos del Fonacide a los municipios, una de las intenciones era que los ciudadanos ejerzan un mayor control sobre los gastos de su Comuna.
El problema es que los intendentes terminaron malversando los gastos sin que los ciudadanos reaccionen.
Parte de la sumisión del paraguayo se debe a la falta de educación de calidad. Muchos aún prefieren evitar enfrentarse a las autoridades locales o departamentales, por temor a represalias, producto de la ignorancia sobre sus derechos como ciudadanos.
Es necesario terminar con la cultura del silencio. Esa que solo beneficia a los políticos de turno, quienes aprovechan la falta de reclamos para enriquecerse a costa del dinero público y empobrece a los pobladores.
No se puede seguir permitiendo que se construyan escuelas que en cualquier momento pueden caer encima de nuestros niños, caminos que se destruyen al poco tiempo de haber sido habilitados o mantener a familiares de políticos ricos con subsidios que deberían estar destinados a combatir la extrema pobreza.
La cultura del silencio debe ser desterrada para comenzar a exigir al Estado gastar bien el dinero que le entregamos. Ya es hora de que el país progrese.
