Santiago Peña se encargó de leer una declaración y ni siquiera permitió una sola pregunta de los periodistas. Las demás cabezas de poderes no emitieron palabra alguna. Lo más relevante del documento firmado en la cumbre fue la decisión de instar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a elaborar un reglamento para cumplir la ley y restringir que sus miembros tengan reuniones privadas, lo que ya estaba previsto en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción aprobada en 2023 y que no se cumplió.
También sorprendió que se haya proclamado la protección a periodistas de investigación cuando los ataques a los medios se dan desde el mismo Gobierno, las redes sociales de los operadores del cartismo y desde la prensa ligada a este poder con acciones de tergiversación para desviar la atención del tema de fondo y concentrar las críticas en asuntos de forma.
“Es importante dejar en claro además que se apoya irrestrictamente el sagrado derecho de información y libertad de prensa que es la caja de resonancia de los problemas ciudadanos y permite la vigilancia permanente que la democracia requiere para ser sana y vigorosa”, apuntó.
No hubo autocrítica y el presidente hizo énfasis en que la corrupción no es un tema de partidos, con lo que transfirió la responsabilidad a todos los sectores, pese a que la revelación de los chats de Lalo evidencia que el poder y la criminalidad están concentrados en un movimiento.
Peña no anunció ninguna medida para afrontar las denuncias. Sus ministros de Seprelad, Liliana Alcaraz, y de Inteligencia, Marco Alcaraz, ambos hermanos, tuvieron conversaciones comprometedoras con Lalo Gomes, pero no serán removidos de sus cargos, ya que el presidente les dio su respaldo.
El contralor Camilo Benítez calificó como trascendental el anuncio sobre restringir reuniones de miembros del JEM con magistrados, porque es lo más inmoral y no está regulado en ninguna norma, según indicó a NPY.
Aseguró que una vez que se reglamenten, estas reuniones privadas serán causales de remoción. “Es la institución que mayor escándalos tuvo en la historia del país”, expresó.
En la declaración, Peña aseguró que la lucha contra la corrupción en todos los estamentos fue una preocupación constante de las autoridades participantes de la cumbre. “Considerando que es y ha sido de suma trascendencia enfrentar sin rodeos y decididamente el problema de la corrupción”, expresó.
Finalmente, sostuvo que todos los sectores políticos de cualquier partido deben entender que la corrupción es un problema endémico que debe ser primero asumido. “Que todas las instituciones constitucionales y legales deben funcionar y todo el peso de la ley debe caer inflexiblemente sobre todos aquellos que hayan violado el orden jurídico, y las autoridades expresan su firme compromiso de apoyar y colaborar para que no queden responsables sin sanción”, concluyó.
Instituciones. Condenar la desnaturalización, corrupción o direccionamiento de los órganos constitucionales.
El peso de la ley. Las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito, para que los hechos denunciados sean esclarecidos y que caiga el peso de la ley sobre los responsables.
Libertad de prensa. Asumir el compromiso de que los periodistas que denuncian hechos tengan la protección jurídica y física para ejercer su misión.
Políticos. Instar a la clase política sin distinción a colaborar con las autoridades y evitar elementos mesiánicos.
Estrategia. Ratificar el compromiso de cumplir la estrategia nacional aprobada en 2023.
Plazos. Respetar plazos en la investigación penal.
JEM. Miembros del JEM no podrán tener reuniones privadas.
La cumbre se realizó con presencia del presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana; el titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el presidente de la Corte, César Diesel; el fiscal general Emiliano Rolón, el contralor Camilo Benítez y los asesores presidenciales José Alberto Alderete y Roberto Ilo Moreno. Varios de estos miembros están ligados al esquema de favores y blanqueos en el sistema de Justicia que estaba coordinado por el fallecido diputado Lalo Gomes. Alderete coordinó una cena con Lalo en 2019, en la casa de un empresario, según publica ABC Color. En ese momento, ocupaba el cargo de director de Itaipú. El legis-lador le pidió el favor de beneficiar a Enrique Berni como titular de la INC, a lo que Alderete le respondió que daría curso a su pedido. Otro salpicado es Alliana, quien en una conversación por WhatsApp hace de intermediario entre Lalo y el subcontralor Augusto Paiva. Lalo le reclamaba al vicepresidente que le hayan llamado la atención por las incongruencias en su declaración jurada. Alliana, por tanto, le envía un audio con la repuesta del subcontralor diciendo que se tranquilice, que podía hacer las correcciones a las irregularidades. También es señalado Diesel en los chats. Lalo lo nombra en diversas ocasiones como un articulador que le soluciona cualquier problema. Diesel es representante de la circunscripción judicial del Amambay, donde se encuentran jueces y fiscales que operaban con Lalo para salvar incluso a narcotraficantes. Los chats reflejan cercanía entre Lalo y Diesel ante los pedidos de varios operadores del sistema de Justicia, como parte del esquema.
