Fueron seis años en los cuales la Fiscalía sostuvo un discurso a todas luces irracional y arbitrario. Seis años en los cuales el órgano que pretende representar a toda la sociedad, defendió los intereses de los poderosos y persiguió a los débiles. En todo este tiempo, los atropellos fueron respaldados por un Poder Judicial genuflexo, impasible ante las violaciones de derechos procesales: Desde el desalojo ilegal a los ocupantes de Marina Cué, que derivó en la muerte de inocentes en ambas partes, hasta el inverosímil argumento de que niños y mujeres participaron activamente en la supuesta emboscada a más de 300 policías.
En el último tramo, la Justicia decidió deslindar responsabilidades. Una Sala Penal de la Corte integrada por camaristas absolvió a todos los condenados por la matanza y derrumbó una narrativa construida con cuidado por fiscales y magistrados de primera y segunda instancia. La Justicia paraguaya concluyó así que en el caso Curuguaty hubo indefensión de los campesinos, pericias ilegales, falta de fundamentación en resoluciones judiciales y un ninguneo general a los pedidos y cuestionamientos de la defensa.
El Ministerio Público hasta hoy defiende el papel que le tocó jugar en todo este tiempo. A pesar de que el fallo de la Corte cuestiona que no se hayan realizado autopsias a los cadáveres, la institución se mantiene en que no hacía falta. El fallo que absuelve a los campesinos advierte sobre una “orfandad de pruebas” y los fiscales emiten un comunicado defendiendo el actuar de sus colegas. Pese a que pruebas se perdieron, pese a que dos cadáveres se encontraron en la misma escena del crimen recién al día siguiente de la matanza y pese a que en un episodio la investigación solo se centró en la muerte de seis policías y ni se dignó en fijarse en los otros 11 campesinos muertos, la institución se ratificó en su trabajo.
El relato de los sobrevivientes y sus familiares es suficiente para desnudar que la Fiscalía nunca pretendió siquiera investigar lo que ocurrió en Marina Cué: Martina Paredes rememoró en estos días lo que ocurrió con sus hermanos Fermín y Luis. Ambos eran ocupantes y estuvieron en el campamento cuando la Policía ingresó. Aquella mañana, Fermín la llamó por celular y le dijo que necesitaba ayuda porque recibió un disparo en la pierna. Ella fue a buscarlo, pero el cerco policial no la dejó llegar hasta su hermano.
Martina recién volvería a ver a su hermano en el hospital, muerto y con otro balazo en el estómago. Al día siguiente, pobladores encontraron el cadáver de Luis. “Luis murió de un disparo con una trayectoria de arriba abajo. Mis dos hermanos murieron ejecutados”, asegura Martina. Para investigar esta y otras denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía abrió una carpeta en la unidad especializada de Derechos Humanos, que hasta hoy en día no aportó un solo dato nuevo.
Si hoy el Poder Judicial concluye que la causa que presentó la Fiscalía tuvo que ser rechazada en la primera audiencia ante un juez, ¿quién devuelve los años de encierro a los condenados? ¿Qué pasará con todas las otras personas en rebeldía que fueron imputadas porque sus nombres estaban en un pedazo de papel encontrado en el campamento?
Aún no hubo Justicia para nadie. Familias de campesinos y policías hoy lloran a sus fallecidos sin que el Estado se haya encargado de esclarecer lo ocurrido. No obstante, el fallo de la Corte sí permite pensar que las cosas pueden mejorar y celebrar que hay una luz de esperanza, por más tenue que sea.
