El Fisco alega que su pedido se basa en dos realidades enfrentadas: por un lado, los ingresos cayeron, producto de la recesión económica, según la última proyección, en unos USD 300 millones; por el otro, hay una necesidad imperante de no frenar las inversiones públicas en infraestructura, como una importante herramienta que impulse una reactivación mediante la creación de empleo, compra de maquinarias, dinero en circulación y otros beneficios económicos ligados a las obras.
Los últimos meses para la economía local fueron muy duros. Se han frenado las ventas, el consumo y el bolsillo de la gente tiene menos dinero. Esto, indefectiblemente, tiene su efecto rebote inmediato en la recaudación tributaria, ya que el impuesto al valor agregado (IVA) es el principal recaudador del Fisco. Pero además, si las compañías ganan menos, también el impuesto a la renta empresarial (Iracis), el segundo que más ingresos mete al Fisco, se ve afectado por el fenómeno.
El déficit fiscal se da cuando los gastos son mayores a los ingresos. Al ser la recaudación mucho menor a lo previsto a inicios de año, el espacio presupuestario para gastar también es menor, lo que empujó al Ministerio de Hacienda a solicitar la excepción y superar este año el tope fijado en la LRF.
Por lógica manifiesta, pocos o casi nadie se opone a que sigan las inversiones públicas para darle de nuevo dinamismo a la economía. Sin embargo, los despilfarros a mansalva que se vienen dando desde hace años, permiten que nos entre la duda. El blanqueo al derroche de unos G. 2.000 que dejó la gestión del ex titular de Diputados, Miguel Cuevas; y el rechazo al veto del Ejecutivo, lo que permitirá que la Contraloría tenga G. 15.000 millones más para pagar a directores y crear más cargos en su abultado anexo, son solamente dos ejemplos que se dieron en la última semana. Ni hablar de los aumentazos que metió el Congreso en el Presupuesto 2019 a espaldas del Tesoro, de los incontables sobrecostos de licitaciones o las malversaciones con el Fonacide.
El último informe de situación financiera del Estado, presentado por el Fisco, indica que los salarios se llevan cada mes el 70% de los ingresos. Si a eso se suman los demás gastos corrientes, como las jubilaciones, pagos de deuda y los gastos sociales, el panorama es aún más ensombrecedor: la rigidez presupuestaria en relación a los ingresos trepa al 91%, lo que deja un espacio de apenas el 9% para inversiones.
Por si esto fuera poco, si el Congreso aprueba los innumerables pedidos de aumentos salariales para el 2020 (USD 650 millones aproximadamente) hechos por las instituciones, los gastos denominados rígidos, que obligatoriamente deben hacerse cada mes, se llevarían el 100% de lo que recauda el Estado.
Por estos antecedentes, dejar nuevamente en manos de la clase política el control de la situación no parece una idea oportuna. Es sumamente trascendental que los ciudadanos se conviertan en custodios del déficit, sean contralores de los gastos y celosos de los ingresos.
Trascendió que el senador Amado Florentín (PLRA) pedirá incluir un articulado especial dentro del proyecto presentado por Hacienda para asegurar que el déficit adicional, es decir, todo lo que vaya por encima del 1,5% del PIB, sea destinado exclusivamente a inversiones en infraestructura y de ningún modo vaya a gastos corrientes. Los demás senadores y diputados, si realmente les interesa la economía, deben apoyar este tipo de ideas y votar, aunque sea por esta vez, para la gente.