La fiscala Stella Marys Cano había solicitado la salida procesal de Patrick Blendin, esposo de Sol Cartes, hija del ex presidente Horacio Cartes, bajo la figura del criterio de oportunidad y la extinción de la acción penal; como también para Jessica Miralles, organizadora de la boda celebrada el 15 de agosto, durante la cuarentena por el coronavirus (Covid-19), informó radio Monumental 1080 AM.
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Pese a que el evento se realizó en la ciudad de Altos, donde ya se permitía la realización de ciertas actividades, como el festejo de bodas, se filtraron videos en los que se habrían incumplido con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.
La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral Metropolitana de Asunción en medio de escraches y críticas por darse en el contexto de la pandemia del coronavirus y ante las prohibiciones existentes, en tanto que el Ministerio de Salud y la Fiscalía se pasaban la pelota sobre el evento.
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Caso boda Bendlin-Cartes
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 31, 2020
Como reparación del daño, el señor Patrick donó G. 7.500.000 al igual que la organizadora del evento Jessica Miralles, sumando así G.15.000.000. Fueron sobreseidos.
El dinero será destinado a Salud y Asociación Casa Virgen de Caacupé.#AM1080 pic.twitter.com/bk2QbI55eB
La jueza Lici Sánchez aceptó el ofrecimiento de una reparación del daño realizado por los imputados y el dinero será destinado al Ministerio de Salud y a la Asociación Casa Virgen de Caacupé.
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En contrapartida
En otros procesos, como el de Blendin, el Ministerio Público planteó recursos de oportunidad y la abreviación de los procesos. Pero no ocurrió lo mismo con Esther Roa, quien había participado de una manifestación.
El Ministerio Público formuló acusación y pidió elevar a juicio oral la causa contra la activista Esther Roa y otras personas, por la presunta violación de la cuarentena sanitaria, tras una de las caravanas realizadas contra la corrupción en Asunción.
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El fiscal interino del caso, Ángel Ramírez, solicitó que la causa contra los manifestantes, entre ellos el empresario gastronómico Juan Domingo Galeano y Cándido Brizuela, sea elevada a juicio oral y público.
La caravana se había dado el 3 de junio de este año, contra hechos de corrupción que se estaban denunciando en el Gobierno, relacionados con el Ministerio de Salud y otras instituciones por la sobrefacturación y compras llamativas de equipos e insumos médicos para la pandemia.
