“Los suministros intervenidos corresponden a los NIS 3217045, a nombre de Erasmo Delvalle Casco, y NIS 3128371, a nombre de Ana Erenia Silvero. En ambos casos, se encontraron derivaciones antes del medidor, lo que impedía que la energía consumida fuera registrada por los equipos de medición instalados”, reportó la empresa estatal.
Como resultado de las intervenciones, la ANDE procedió a facturar los montos por daño patrimonial, correspondientes a la energía no registrada, de G. 138.038.040 en el primer caso y G. 150.548.400 en el segundo, “que deberán ser abonados junto con las multas y gastos de intervención”. “Además, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de Sustracción de Energía Eléctrica, conforme a la Ley 7300/24, que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes relacionados con este delito, y modifica el artículo 173 del Código Penal (Ley Nº 1160/1997)”, añadió la ANDE. Ambos casos fueron registrados en las causas 308 y 309 de la Unidad Penal N° 2 Zonal de Coronel Bogado.
150 millones de daño patrimonial registró la ANDE en uno de los suministros intervenidos en el Operativo Itapúa 2.
