23 nov. 2024

Datos censales: Oportunidad para el cambio modernizador del país

Los datos censales dados a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son fundamentales para actualizar la información poblacional y de viviendas del país. Paraguay es uno de los países más jóvenes de la región, pero con un ritmo de envejecimiento muy rápido. Esta tendencia se venía viendo con anterioridad, situación que fue confirmada por el Censo 2022, por lo que es necesario un amplio debate sobre los desafíos económicos presentes y futuros. La sociedad paraguaya tiene la oportunidad de debatir de manera inteligente y acordar políticas de largo plazo a partir de la información que provee el Censo, complementándose con las demás fuentes oficiales.

Las proyecciones nacionales y regionales indicaban hasta 2019 que la población paraguaya sobrepasaba los 7.000.000 de habitantes. Sin embargo, ya antes de la pandemia el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) había actualizado las proyecciones regionales, incluido a Paraguay, dando cuenta de un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país.

La reducción de las tasas de fecundidad traducidas en el menor número de hijos por mujer es el principal determinante de las reducciones de las proyecciones de población. En el caso de Paraguay, los datos revelan que se agrega una migración neta negativa, es decir, salieron del país más personas de las que ingresaron a vivir. La salida de mujeres jóvenes –en edad fértil– explica una parte importante del resultado migratorio.

En este contexto, los resultados del Censo dan cuenta de la relevancia de atender las cuestiones de género y, sobre todo, las desigualdades que se manifiestan en la falta de oportunidades de las mujeres frente a sus aspiraciones.

Las estadísticas nacionales y los estudios cualitativos muestran los cambios que están sucediendo en las mujeres. Ellas aumentaron sus niveles educativos, tienen una mayor presencia en carreras que habían sido exclusivas para los hombres en el pasado como la Medicina o las ingenierías y presentan un sistemático incremento de su oferta laboral.

A estos avances se contraponen los múltiples obstáculos como una mayor precariedad del empleo, menores ingresos, múltiples formas de violencia de género en los hogares, las calles y lugares de trabajo en comparación con los hombres.

Estos cambios en sus comportamientos y aspiraciones no han sido acompañados por políticas sociales, laborales o de cuidado que faciliten el avance de las mujeres, por lo que no resulta llamativa no solo la migración femenina buscando ampliar sus oportunidades, sino también la fuerte reducción del número de hijos por mujer a nivel interno.

Los nuevos datos censales constituyen una oportunidad para analizar no solo los cambios que ocurren en las mujeres, sino también en el resto de la población, ya que permitirán visualizar el crecimiento de las ciudades en un contexto de progresiva urbanización en las dos últimas décadas, la situación de grupos específicos como la primera infancia, los pueblos indígenas, las poblaciones fronterizas, el avance de los servicios públicos en los municipios, entre otros aspectos necesarios para una mejor planificación de las políticas y de la distribución de los recursos públicos.

Mientras la población cambia rápidamente, en muchos aspectos Paraguay se ha estancado. Hay políticas públicas que no han cambiado en las últimas dos décadas y ello ha impedido que nuestro país capitalice las ventajas que ofrece el bono demográfico, la mayor educación de las mujeres, la inserción económica mundial con mayores estándares de calidad y, por ende, con precios más altos para productos que Paraguay podría ofrecer si su economía se modernizara.

El Censo proporcionará información con altos niveles de desagregación etaria, regional, económica y cultural por citar solo algunas dimensiones. Tanto la sociedad como el sector público tendrán datos para debatir y dialogar de manera inteligente sobre el presente y los desafíos futuros.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.