Por Clara Patricia Gómez Alvarenga | clgomez@uhora.com.py | @claragomezpy
[PARTE 1]
El camino de la rehabilitación de las personas drogodependientes se convierte en un laberinto sin salida. Paraguay dispone de un Centro Nacional de Control de Adicciones, mientras en los hogares y en las calles se vive un panorama sombrío con niños cada vez más jóvenes sumergidos en el mundo del crac. Existen también centros privados de tratamiento que operan sin la habitación de Salud Pública, a los que acceden casi exclusivamente personas con alto poder adquisitivo.
En menos de 10 años de su llegada al país proveniente de las zonas fronterizas, el crac, la variante más dañina de la cocaína, se convirtió en la mayor preocupación en materia de consumo de drogas en Paraguay. Rompió todos los esquemas en Salud Pública y causó en poco tiempo una “explosión social”, con niños de hasta 7 años adictos al chespi.
El Centro Nacional de Control de Adicciones es el único establecimiento del sector público que trata a personas con problemas derivados de las drogas, mientras que en el ámbito privado existe una gama de opciones, pero las condiciones en las que dichos sitios operan escapan a los controles del Gobierno.
Pese a que el nivel de reincidencia es elevado en los pacientes con problemas de adicción, según las estadísticas, el Estado sigue sin ofrecer centros de rehabilitación a personas mayores, y mucho menos a niños menores de edad, drogodependientes. Se trata de un segundo paso de la llamada Comunidad Terapéutica, donde lo recomendable es cumplir con un tratamiento de dos años, de acuerdo a las autoridades sanitarias.
“En el país no existe ningún centro para internar a alcohólicos de más de 40 años, entonces evidentemente si no estamos preparados para hacer frente a las drogas legales, no lo estamos tampoco para enfrentar las drogas ilícitas. Son insuficientes las respuestas estatales que hay”, admite el director del Centro Nacional de Control de Adicciones, doctor Manuel Fresco.
Actualmente, la clínica ofrece métodos de desintoxicación, contando con 30 camas disponibles para internación en un periodo máximo de 30 días, 15 de ellas destinadas a menores de edad, y las otras 15 restantes a personas mayores; además de tratamientos ambulatorios médico-pediátricos, siquiátricos y sicológicos, de consejería familiar, entre otros.
Recién en el año 2009 el Centro Nacional de Control de Adicciones habilita el área de internación a chicos menores de 15 años. Desde ese entonces y hasta el 2012, 820 niños fueron internados, siendo el crac uno de los principales motivos. Los casos fueron incrementándose año tras año: 138 niños internados en 2009; 167 en 2010; 226 en 2011 y 289 en 2012. En la franja etaria adulta, el número de internados asciende a 1.682, esto en los últimos siete años (del 2006 al 2012), según datos del Departamento de Estadísticas de la institución a los que tuvimos acceso.
De enero a agosto de 2013, 261 menores de edad, entre usuarios internados y con tratamientos ambulatorios, realizaron consultas pediátricas en el Centro, siendo 184 los pacientes conocidos y readmitidos (70,5 %), y 77, los nuevos (29,5 %). De estos, el 60 % son chicos que residen en el departamento Central, el 32 % en Asunción y el 8 % provienen del interior.
Hoy, el Centro Nacional de Control de Adicciones no cuenta con filiales en el interior, sin embargo, el doctor Fresco explica que apuntan a ampliar los servicios para asistir en todo el país. Señala, que la idea es implementar un sistema de capacitación itinerante a profesionales de las Unidades de Salud de la Familia, que están dispersos por el territorio nacional, donde al menos puedan brindar los primeros auxilios a aquellos pacientes que se acerquen con problemas de drogadicción.
Al igual que el dengue, el crac no respeta edades ni estatus sociales. En las calles la favorita es el chespi. “La droga no respeta condición social, género, profesión ni ideología política o religiosa, traspasa todos los niveles”, dice Fresco.
TIERRA DE NADIE: NULO CONTROL ESTATAL
Accedimos a una lista sobre los centros privados y públicos que tratan a personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas, en el país. La misma fue elaborada en el 2012 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en el marco del Segundo Censo Nacional de Centros de Tratamiento, teniendo como fin conocer la cantidad, distribución geográfica y características de los prestadores de este tipo de servicios.
En la búsqueda, se encontraron 86 establecimientos expandidos por todo el territorio nacional, la mayoría ubicados en el departamento Central y Asunción. De ese total, 41 operan como centros de tratamiento a personas drogodependientes; y 45 corresponden a grupos de autoayuda que actúan bajo la modalidad de AA (Alcohólicos Anónimos) o NA (Narcóticos Anónimos), tratándose de organismos sin fines de lucro. Solo el 20 % de la oferta terapéutica corresponde al sector público.
En dichos establecimientos se realizan tratamientos múltiples, de adicción a las sustancias -como el crac o la cocaína, etc.- y de alcoholismo. Y en algunas de las clínicas, también incluyen el tratamiento a personas con estrés, depresión o problemas mentales, indistintamente.
Se desconoce en qué condiciones operan y si están enmarcadas bajo las Normas Mínimas de Calidad de Atención a personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas, establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
La investigación confirma que no existe siquiera una que cuente con la habilitación del Departamento de Establecimiento de Salud y Afines del MSPyBS, y por consiguiente, tampoco están registradas ni categorizadas por la Superintendencia de Salud (SupSalud), habiendo un total descontrol, convirtiéndose este campo “en tierra de nadie”. También queda demostrado que existe nula verificación a los profesionales médicos.
“En honor a la verdad no hay ninguno”,admite el director de Establecimiento de Salud, ingeniero Pastor Cardozo, al reconocer que dichos centros no están habilitados por la instancia a su cargo.
“En Paraguay las reglas se rompen totalmente: empiezan, hacen funcionar su establecimiento, hacen sus consultorios y cuando intervienen o ocurre ya una situación insalvable, o de conocimiento público, recién se percatan de que hay una instancia para arrimarse que les da la habilitación”, señala Cardozo y agrega que es obligación del responsable del centro reglamentarse como corresponde, ante el Ministerio de Salud.
Los controles a dichos establecimientos aún se harán esperar. En la Superintendencia de Salud existe una larga lista de auditorías y denuncias postergadas desde hace 5 años, que primero serán atendidas, explica el director de la dependencia, Domingo Mendoza.
“Tenemos pendiente el trabajo de examinar los centros, pero no podemos dar cumplimiento porque no tenemos el personal suficiente”, argumenta. “Es un pelota tatá que está en nuestros manos”, acepta.
Ambas instancias confirman que los centros no están habilitados y aún así están en pleno funcionamiento. ¿Por qué no se regularizan? Es una de las tantas preguntas que hacemos...
En el círculo de control de la operatividad de un establecimiento sanitario, ya sea privado o público, existen tres instancias regidas por el Código Sanitario, una añeja ley que data de los años 80 y requiere ser actualizada. Se trata del Departamento de Establecimiento de Salud y Afines que habilita la estructura edilicia, verifica los equipamientos y el recurso humano; la Superintendencia de Salud, que controla la funcionalidad, otorga la categorización y tiene por ley la potestad de clausurar un centro en caso de no reunir las condiciones requeridas; y el Instituto de Bienestar Social, al que le es de competencia la aprobación de la personería jurídica. Las tres instancias dependen presupuestariamente del Ministerio de Salud Pública.
La arquitecta Raquel Galeano, del equipo de Establecimiento de Salud, intentó responder la interrogante: “Mucho es por desconocimiento”, indica sobre el motivo del porqué los centros no estarían regularizándose. Dio como ejemplo el caso de la clínica Renacer, que siguió ofreciendo servicios hasta que fue intervenida y clausurada en julio de 2012, por la Superintendencia de Salud.
Los propietarios operaban con la certificación de la personería jurídica otorgada por Bienestar Social. “Quizás con ese documento, ellos creían que ya estaban habilitados. Solo que no podemos decir que estamos en desconocimiento de las reglamentaciones”, manifiesta.
El Departamento de Establecimiento de Salud aclara que la Superintendencia de Salud es la encargada de verificar las condiciones de funcionamiento de los centros y de clausurarlos si así correspondiese, mientras que al Instituto de Bienestar Social solamente le concierne la habilitación de la personería jurídica.
En las instituciones públicas asintieron que a veces se presenta una superposición de funciones entre las mismas, lo que vuelve aún más espinoso el transitar. También coinciden en la necesidad de enfocarse en un trabajo coordinado entre las partes, y argumentan que requieren de una ampliación presupuestaria para operar mejor y dar resultados.
Establecimiento de Salud apenas cuenta con 9 profesionales, entre arquitectos e ingenieros, para el trabajo de inspección a más de 10 mil establecimientos, siendo en la Superintendencia de Salud aún más dramática la situación: tiene un médico y una sola enfermera para la realización de las auditorías y los controles, quienes cumplen labores solo dos veces por semana en el recinto, según indicaron.
CASOS SUI GENERIS
Hasta ahora, el Centro Nacional de Control de Adicciones, el único de su tipo del sector público, no cuenta con la habilitación de Establecimiento de Salud ni de la Superintendencia de Salud, pero se sabe que dio inicio a los trámites. La legitimación se demora “por cuestiones técnicas”, explicaron las instancias encargadas.
En tanto que, entre las privadas, la clínica Renacer es la única que comenzó las gestiones para operar bajo condiciones legales. El trámite inició luego de su clausura en julio de 2012. SupSalud había intervenido el centro tras fuertes denuncias de maltratos, privación ilegítima de la libertad y hasta de una muerte en dudosas circunstancias. El caso conmovió a la sociedad paraguaya. Sin embargo, desde hace un par de meses, volvió a abrir sus puertas, pese a la sanción impuesta por la Superintendencia contra el establecimiento, nos confirman en la dependencia.
Por su parte, otros cinco propietarios consultaron al Ministerio de Salud sobre el proceso requerido para la habilitación de los establecimientos, pero no fueron más allá.
