Varios de los ex intendentes y los que lograron el rekutú, procesados por la Justicia por supuestos hechos de corrupción, no presentaron su Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) al dejar el cargo, o presentaron con datos repetitivos o sospechosos, según los datos revelados esta semana por la Contraloría General de la República (CGR), lo que revela un bajo control y cumplimiento estricto de dicho deber constitucional.
rekutú. Entre los que vuelven a ocupar el cargo, está el intendente de Asunción, el colorado Óscar Andrés “Nenecho” Rodríguez Quiñonez, investigado por supuesta producción de documentos no auténticos por una licitación en beneficio de la empresa Empo y por los gastos millonarios en pandemia.
Su primera declaración jurada como funcionario público lo presentó en el año 2006, cuando era funcionario judicial, y la última el año pasado, para ingresar en el cargo. En la primera DJBR reportó un patrimonio neto de G. 5 millones, y el del año pasado indica G. 118.000.000, monto llamativamente bajo.
Declaró un terreno baldío en Capiatá por valor de G. 50 millones, 3 vehículos que suman G. 260 millones, y una deuda de G. 192 millones, como saldo por la compra de uno de los vehículos.
Otro caso es el de Luciano Cañete Galeano (ANR), intendente reelecto de Carapeguá, imputado por la aprobación de un loteamiento para una empresa con documentos supuestamente falsos. Hace un año, el fiscal Rodolfo Colmán presentó la imputación tras la denuncia de los miembros de la Junta Municipal, quienes descubrieron la falsificación de la aprobación del plano de loteamiento preparado por la empresa Raíces Real State, en representación de la firma Durban Trading.
La DJBR del año 2015 del intendente reelecto señala un patrimonio neto de G. 6.518.000.000, y el presentado el año pasado indica que bajó a G. 4.303.000.000.
ex intendentes. Entre los jefes comunales que dejaron el cargo, pero siguen con cuentas pendientes con la Justicia, figura el caso de Hernán Schlender (ANR), ex intendente de Jesús de Tavarangue, procesado por un supuesto desvío de G. 7.400 millones.
Solamente presentó su declaración jurada en el 2016, pero no al salir del cargo. Su patrimonio neto declarado fue de G. 1.648.986.250.
Otro caso es el de Alcides Sosa Báez (ANR), ex intendente de Acahay, imputado por un supuesto esquema de desvío de fondos, a través de la creación de empresas fantasmas. Presentó su declaración jurada en el 2016 y el 2021, pero ambas extrañamente son idénticas. En ambas declaró un patrimonio neto de G. 1.170.200.000.
Le sigue Esteban Ríos Ayala (ANR), ex intendente de Villa Hayes, imputado por lesión de confianza, tras la caída en dos ocasiones del polideportivo recientemente inaugurado en la localidad de Remansito.
Presentó DDJJ en el 2016, 2018, 2019 y el año pasado. Su patrimonio neto del 2016 al 2021 bajó, supuestamente, de G. 6.873.000.000 a G. 3.775.971.514.
Samuel González Valdez (ANR), ex intendente de Arroyito, también debe enfrentar juicio por un supuesto perjuicio de más de G. 700 millones provenientes de Royalties y Fonacide. Presentó DDJJ la primera vez en el 2016, y luego en el 2018, ambas idénticas. No figura su DDJJ de salida del cargo. Su patrimonio neto declarado es de G. 121.000.000.
Alejandro Ramón Urbieta Cáceres (PLRA), ex intendente de Concepción, fue procesado por supuesta malversación de G. 8.000 millones. Solamente presentó su DDJJ en el 2016 con un patrimonio neto de G. 207.030.641.
Raúl Isaac Mendoza Ramos (PLRA), ex intendente de San Antonio, fue imputado por presunto desvío de fondos para merienda escolar y construcción de aulas. Su DJBR dice que su patrimonio era de G. 1.435.100.000 en el 2016, y G. 1.455.032.227 en el 2020.
